Poniendo el acento en nuestra tierra. Respetamos nuestra historia con visión de futuro. Por un Aragón en equilibrio, solidario, leal y garante de la igualdad de oportunidades en nuestro territorio.
Desde el año 1035, en que el rey Ramiro I incorpora al Condado de Aragón los de Sobrarbe y Ribagorza, hasta el año 1707, en que el rey Felipe V, tras ganar la Guerra de Sucesión, promulga el Decreto de Nueva Planta por el que se declaran abolidos los fueros observados hasta ese momento en los estados de la Corona de Aragón, han transcurrido casi setecientos años.
Aragón fue un reino que, en menos de un siglo, y con el matrimonio de la reina Petronila con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, acabaría proyectándose por el Mediterráneo hasta convertirse en una de las primeras potencias europeas de la época. El mismo reino que con el proyecto político de unificación de los reinos peninsulares defendido por Fernando II de Aragón (Fernando el Católico), iba a consolidar los fundamentos de una arquitectura política de España que acabaría por tomar cuerpo pocos años después con su nieto el emperador Carlos (I de España y V de Alemania).
Durante la monarquía de los Austrias, Aragón mantuvo sus principales instituciones y sus fueros hasta finales del siglo XVII. Fue en este siglo cuando la dinastía Borbónica, siguiendo el modelo centralista francés, anulaba la personalidad histórica y el poder político de Aragón, que pasaría a convertirse en una capitanía general gobernada desde la Corte integrada en la recién nacida nación española.
Esta situación, desencadena en el siglo XIX, en la división de España en Provincias hecha por Javier de Burgos. El viejo Reino de Aragón se convierte en la suma de tres provincias dependientes directamente de la Administración central: Huesca, Zaragoza y Teruel.
Los territorios no encajaron bien esta nueva situación, ya que en su creación se sacrificaron, a favor de la homegeneidad y en contra de la diversidad, realidades históricas seculares plenamente asentadas en la conciencia colectiva de los ciudadanos como era el caso de Aragón.
Los desajustes comienzan a hacerse visibles con una cuestión catalana que se convierte en problema en la segunda mitad del siglo XIX y que acabará por eclosionar en el primer tercio del XX. También se deja sentir en otros territorios, en el nuestro, la Unión Regionalista reclamaba en su Manifiesto de 1918 el reconocimiento de la personalidad de Aragón, en lo que se considera antecedente intelectual y político de una reivindicación que siete décadas después acabaría tomando fuerza en el programa político del Partido Aragonés.
El problema persiste en la actualidad, pese al avance que supuso la promulgación de la Constitución de 1978.
La Constitución del 78 optó, en aquel momento, por considerar plenamente consolidadas las experiencias autonómicas nacidas durante la II República, reconociendo errónea e injustamente a Cataluña, País Vasco y Galicia como realidades territoriales históricas (Andalucía se incorporaría también a ese grupo), mientras que las auténticas comunidades históricas (entre las que se encuentra Aragón, que por pocos meses no llegó a iniciar su andadura autonómica en la etapa republicana), iban a tener un acceso a su autonomía más lento y desde luego más limitado.
Con el liderazgo político del Partido Aragonés —el único que no tenía otros intereses que la defensa de Aragón y de los aragoneses—, el Estatuto de Autonomía de 2007, hoy vigente, otorgó a Aragón su reconocimiento como nacionalidad histórica y, en consecuencia, el derecho a una autonomía plena, incluido el de la negociación con el Estado de un futuro acuerdo bilateral de financiación, similar al que viene regulando las relaciones fiscales del Estado con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Aragón recuperaba así en 2007 el pleno reconocimiento de su realidad como comunidad histórica. Una comunidad que, en palabras de Costa, se define sobre todo por su derecho. Los aragoneses han tenido a lo largo de los siglos una forma de entender las relaciones personales, familiares y sucesorias que se ha plasmado en un Derecho civil propio que, con las necesarias adaptaciones, ha llegado en parte hasta el siglo XXI.
Desde el 23 de abril de 2011, la capacidad y estado de las personas, las relaciones entre ascendientes y descendientes, las relaciones tutelares, la Junta de Parientes, la economía de las personas casadas, incluida la viudedad, las parejas estables no casadas, la ordenación voluntaria de la sucesión por pacto, el testamento individual o mancomunado, la fiducia sucesoria, la legítima y la sucesión legal, las relaciones de vecindad y las servidumbres han pasado a estar regidas por el nuevo Código del Derecho Foral de Aragón.
Un Derecho avanzado a su época como se pone de manifiesto en la institucionalización de la viudedad foral o la Junta de Parientes. Un Derecho que destaca por su respeto al pacto, por el valor otorgado a la palabra dada (“estar a lo acordado” —standum est chartae), que acaba por tener fuerza de ley en las relaciones entre particulares y que hace de Aragón una comunidad con un hondo sentido de la justicia social y de la libertad individual: dos pilares fundamentales de los sistemas democráticos modernos que nuestra Comunidad Autónoma por tradición cultural tenía ya interiorizados desde sus orígenes hace casi mil años.
En definitiva, el Derecho propio es una de las mayores contribuciones de Aragón a la historia de la civilización occidental. Con un reino dotado desde muy tempranamente de un Derecho y unas instituciones propias (las Cortes, el Justicia…) se entiende la realidad que llegó a ser la propia monarquía aragonesa, capaz de armonizar la singularidad de cada uno de los estados miembros con el mantenimiento de objetivos políticos compartidos de más largo alcance.
Y este modelo de poder compartido y de convivencia de cuatro estados dentro de la monarquía aragonesa, hace de la Corona de Aragón un caso único en Occidente. Paradigma de la civilización del poder y la racionalidad de un sistema político adelantado en varios siglos al descubrimiento de un sistema casi federal, con una monarquía casi parlamentaria, un desarrollo del Estado mercantilista y una expansión comercial, marítima y terrestre todavía sin precedentes.
El Partido Aragonés ha exigido siempre para Aragón autonomía plena, o lo que es lo mismo, el máximo nivel de autogobierno y competencias, dentro siempre del marco constitucional, adoptando como argumentos nuestra historia y nuestra condición foral.
Por esta razón, el Partido Aragonés logró incluir en los trámites de debate y negociación de nuestro primer Estatuto de Autonomía (1982) la ya clásica Disposición adicional tercera, que se mantiene en su literalidad en el vigente Estatuto de 2007 en la que se proclama que “la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la Disposición adicional primera de la Constitución”. Si la inclusión de la Disposición Adicional tercera de nuestro Estatuto fue una conquista del Partido Aragonés, al servicio de todos los Aragoneses, sin duda otro logro de nuestro Partido fue la declaración de Aragón como Nacionalidad Histórica, reivindicación que perseguía que el peso político de Aragón y su desarrollo autonómico y capacidad de autogobierno fueran los acordes con su historia y su condición foral.
Resulta cuando menos curioso escuchar a analistas, políticos y tertulianos hablar de una España rica en cultura pero homogénea donde los aparentes problemas de la ciudadanía son para todos los mismos, iguales en Madrid que en Aragón, en Valencia que en Castilla León o en Andalucía.
Esta especie de ensoñación colectiva, falaz, ha adquirido relevancia en los últimos años, al albur de unos presupuestos restrictivos lastrados por el descenso de ingresos y al calor de nuevas opciones políticas tan legítimas como desconocedoras de un país cuya diversidad y heterogeneidad lo enriquece.
Aragón, con casi 50.000 km2, una compleja orografía y rigurosas condiciones climatológicas, arroja indicadores sociodemográficos muy comprometidos. La baja natalidad, el elevado grado de envejecimiento, y una distribución espacial de los habitantes que, en la mayoría de las comarcas de la Comunidad, con excepción de la ciudad de Zaragoza y los municipios de su entorno, presentan densidades desérticas.
Garantizar que todo el mundo en todo el territorio tenga igualdad de acceso a servicios de calidad, potenciar e impulsar las capacidades de desarrollo de las zonas rurales y garantizar la puesta en red de los territorios son nuestros objetivos fundamentales. La creación de empleo es un fin fundamental para dotar de vida a nuestro territorio. Sin empleo, la recuperación demográfica no será posible.
522 municipios aragoneses de los 731 existentes en la actualidad tienen menos de 500 habitantes, 617 localidades no alcanzan los 1.000 habitantes, solo 20 cuentan con más de 5.000 moradores y sólo 4 tienen más de 20.000. Por si esto fuera poco, la mitad de los aragoneses se concentran en la ciudad de Zaragoza y municipios limítrofes.
En este contexto, los ayuntamientos, con sus alcaldes y concejales, actúan como elemento de equidad, verdadera red de solidaridad y primer nivel de atención a unos vecinos para quienes los servicios básicos y elementales: sociosanitarios, educativos, atención domiciliaria, extinción de incendios etc, serían una utopía de no ser por el sistema de organización territorial auspiciado por el Partido Aragonés y consensuado, sin excepción, por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, reconocido primero en el Estatuto de Autonomía y en la actualidad, afortunadamente, y gracias a la labor del Partido Aragonés, en la Ley nacional, 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Es un hecho que la dispersión, el envejecimiento y el déficit de infraestructuras de comunicación encarecen inevitablemente los servicios públicos básicos y dificultan el derecho a su acceso con niveles de calidad aceptables. Podríamos optar, como otros partidos han hecho, por el abandono de nuestros pueblos. Pero en el Partido Aragonés creemos en la igualdad de oportunidades y en los derechos de nuestros vecinos y concebimos la organización territorial como un puntal de la justicia distributiva y la equidad.
Desde esta perspectiva y con nuestras peculiaridades demográficas y territoriales, el modelo de régimen local de la Constitución basado exclusivamente en municipios y provincias resultaba insuficiente para garantizar los servicios básicos a los ciudadanos, obligación elemental de los poderes públicos.
Y dado que tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Aragón abrían la puerta a la organización comarcal creímos firmemente que esta fórmula contribuiría a solucionar algunos de los problemas endémicos de Aragón y a colmar nuevas aspiraciones, procurando una racional estructura de nuestro mapa local, mediante un desarrollo descentralizado y reequilibrador de nuestro territorio.
Hoy, las comarcas con ayuda de las Diputaciones Provinciales actúan como red de apoyo a los pequeños municipios sin restarles autonomía ni identidad, con la finalidad de servir con eficacia al ciudadano haciéndole llegar servicios de calidad que, de otro modo, serían inaccesibles.
Tras cumplir más de diez años desde la creación de la primera comarca, el balance es positivo. Nuestra administración local ha desarrollado, sin duplicidades, y en colaboración con las Diputaciones provinciales servicios más ajustados al territorio y que responden en mayor medida a las demandas de los vecinos.
La brecha en el acceso a servicios y en infraestructuras entre lo urbano y lo rural se ha atenuado y en algunos casos, desaparecido, lo que es elemento consustancial al asentamiento de la población y al repunte demográfico. La complejidad estructural y profundidad de los problemas territoriales aragoneses hacían necesarias políticas de largo plazo con el objetivo de reequilibrar socioeconómicamente Aragón.
En todas las Áreas trasferidas a las entidades locales la evolución es significativa del crecimiento de los servicios y de la atención a los ciudadanos, crecimiento que puede calificarse de importante y que refleja la extensión a todos los rincones de Aragón de los servicios encomendados a las Comarcas, sean servicios sociales, actividades deportivas o las dirigidas a la juventud.
El corazón del Partido Aragonés es la calidad de vida de los aragoneses y de los habitantes de Aragón. Somos un pueblo con historia, pero también con voluntad de futuro que propone para Aragón un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Queremos que Aragón crezca de forma justa, repartiendo con equidad su riqueza y bienestar entre los aragoneses.
Estamos convencidos de que la autonomía ha traído a Aragón las mayores cotas de equidad y desarrollo de su historia reciente, y ha sido y es, el mejor instrumento para mejorar la calidad de vida y oportunidades de los aragoneses. Pero para nosotros, no basta con poder acreditar altas cotas de desarrollo si el desarrollo es desigual. Queremos más progreso social y más crecimiento económico, bien distribuido territorial y socialmente, de ahí que aspiremos a mayores dosis de autogobierno.
Un autogobierno que reclama el máximo traspaso de competencias pendientes, incluida la suscripción con el Estado de un acuerdo bilateral de financiación, y al mismo tiempo, mayores cotas de coordinación y armonización con la Administración general y el resto de las comunidades autónomas para garantizar el bienestar de los ciudadanos y evitar que la proliferación normativa y la superposición de administraciones se convierta en un obstáculo al bienestar social y al crecimiento de nuestra actividad económica.
Aspiramos al máximo desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía para contribuir así al desarrollo equilibrado de Aragón.
Pero no puede haber autonomía política si no hay autonomía financiera pues es indiscutible que la transformación de la realidad económico-social, la corrección de los desequilibrios territoriales y la realización efectiva del Estado del bienestar precisan una financiación suficiente.
Es un hecho que los diferentes sistemas de financiación autonómica han perjudicado a Aragón. Aragón necesita un acuerdo de financiación que, fuera del marco armonizador que define el sistema general, recoja sus especiales circunstancias económicas y sociales como de hecho prevé el Estatuto de Autonomía.
La extensión territorial, la dispersión poblacional y el envejecimiento demográfico encarecen unos servicios esenciales que sólo se pueden abordar con un Convenio Bilateral complementario a la financiación general en la que prima el criterio de población. Ninguna otra fórmula permitirá corregir los desequilibrios económicos territoriales y garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos de Aragón a los servicios esenciales.
Una financiación guiada por el criterio de población, el mismo que apartó a Aragón de los fondos estructurales europeos y que ha postergado y orillado infraestructuras capitales, perjudica a los aragoneses que debemos exigir el cumplimiento del artículo 108 de nuestro Estatuto de Autonomía.
Estamos fuertemente comprometidos con una política fiscal prudente y tendente a la estabilidad presupuestaria que priorice y garantice la calidad y accesibilidad de todos los ciudadanos de Aragón, en condiciones de igualdad y en cualquier parte del territorio, a los servicios esenciales.
El compromiso del Partido Aragonés con el estado del bienestar y la equidad territorial es absoluto. Desde esta perspectiva defendemos el equilibrio presupuestario y la senda de la consolidación fiscal así como los principios de eficiencia y suficiencia tributaria como vehículo para garantizar recursos necesarios y suficientes para el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.
A nuestro entender, ni los servicios esenciales, ni los instrumentos tendentes a paliar las situaciones de extrema necesidad, como el Ingreso Aragonés de Inserción, pueden quedar sometidos a los vaivenes cíclicos de la economía, ese ha sido y es, desde nuestros orígenes, nuestro compromiso con los Aragoneses.
Precisamente, por insolidario y por entender que se vulneran los principios más esenciales de la convivencia ciudadana, entendemos que hay que incrementar las herramientas de lucha contra el fraude fiscal garantizando el cumplimiento de todos los ciudadanos de sus obligaciones fiscales hasta instalar la cultura de la tolerancia cero contra el fraude.
Pensamos que es imprescindible dotar de más recursos para la inspección y control en materia tributaria y endurecer las penas de los defraudadores. Defendemos que la transferencia a la Comunidad autónoma de los instrumentos previstos en esta materia en el Estatuto de Autonomía contribuirá a fortalecer la lucha contra el fraude fiscal.
Además, consideramos imprescindible evolucionar en la dirección de hacer mayor el margen de actuación financiera de las autonomías y reducir la dependencia de Madrid aumentando la participación de Aragón en los impuestos cedidos parcialmente por el Estado.
Creemos también, que la política fiscal y tributaria puede contribuir, como medida anticíclica en épocas de dificultad y rigor presupuestario, a favorecer un escenario que propicie la reactivación de la economía, la recuperación del empleo y la localización de inversiones. Por eso, hemos propiciado la reducción de la presión sobre el contribuyente en el tramo autonómico del IRPF en cuanto la economía ha empezado a crecer, hemos favorecido la implementación de beneficios fiscales para garantizar la creación de empleo y hemos aminorado, hasta donde ha sido posible, los impuestos de sucesiones y donaciones, así como el de transmisiones. Nuestro compromiso con estos objetivos persiste.
También pensamos que la política tributaria debe coadyuvar a paliar los problemas más graves de nuestra comunidad autónoma, estableciendo estímulos a la localización de personas y empresas en zonas especialmente despobladas del ámbito rural, a la natalidad o a la conciliación personal y familiar como la deducción por gastos de guardería para hijos menores de 3 años recientemente instalada.
En la misma línea, la política fiscal y tributaria debe cumplir el objetivo de fomentar nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra identidad. Durante esta legislatura hemos defendido, en la reforma de la Ley del IVA, la minoración de los tipos impositivos al sector cultural y defendemos incentivos fiscales a empresas del ámbito cultural que se comprometan con la restauración y el mantenimiento de nuestra cultura y patrimonio.
Aragón es un territorio privilegiado desde el punto de vista ambiental, por su biodiversidad, ecosistemas, paisajes o recursos naturales. La naturaleza aragonesa determina en buena medida nuestra evolución como pueblo y forma parte de nuestra seña de identidad. Un medio ambiente que caracteriza a esta Comunidad por su diversidad, lo que supone una mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos y administraciones públicas para alcanzar el óptimo equilibrio entre conocimiento, conservación y el desarrollo sostenible.
La preocupación por el equilibrio y la vertebración territorial forma parte del ADN del Partido Aragonés. Buscar el entendimiento pleno y necesario entre los conceptos de conservación, desarrollo y empleo es nuestro objetivo. Promocionar, en todo su potencial, las iniciativas que supongan la creación de nuevos puestos de trabajo vinculados al medio ambiente es una de las prioridades del Partido Aragonés.
Una adecuada gestión ambiental nos hará más competitivos, tanto como sociedad y región, como en ámbitos como la empresa, el turismo o el sector primario por ejemplo, otorgando calidad, singularidad y personalidad.
Apostamos por la adecuada protección del medio ambiente y del patrimonio natural aragonés, fuente de bienestar y riqueza y nos comprometemos sin cortapisas a fomentar el desarrollo sostenible en el territorio y a buscar la adecuada sintonía entre los agentes que participan en la actividad vinculada al medio ambiente, sean públicos o privados, fomentando el intercambio necesario de ideas para alcanzar acuerdos y consensos mediante los distintos procesos públicos y participativos que se establezcan.
Los objetivos del Partido Aragonés en materia de medioambiente se desarrollarán estableciendo las necesidades en cuatro áreas diferentes.
Resulta imprescindible una política para mantener el equilibrio entre el sostenimiento del desarrollo económico y social, el manteniendo la calidad de vida de los ciudadanos y el respeto y la conservación del medio ambiente.
Nuestros objetivos pasan por alcanzar un consumo más responsable de materias primas (energía, agua, recursos naturales, etc.), reducir las emisiones a la atmósfera y las emisiones de gases de efecto invernadero, intensificar la prevención en la generación de residuos y la minimización de los impactos ambientales de los proyectos y recuperar suelos contaminados y espacios afectados por antiguos vertederos como mejora de los entornos y el paisaje.
El Partido Aragonés cree además, en la necesidad de aumentar la concienciación y la sensibilización ambiental en Aragón y flexibilizar el cumplimento de distancias entre instalaciones clasificadas o entre instalaciones clasificadas y elementos relevantes del territorio.
El Partido Aragonés quiere reforzar los vínculos entre la gestión de los recursos medioambientales y los recursos agrícolas y ganaderos como estrategia de conservación, al mismo tiempo que se ponen en marcha políticas medioambientales que realmente sean estímulo y motor de desarrollo y empleo de los territorios.
Para ello, el Partido Aragonés quiere contar e impulsar la implicación y participación de todos los agentes sociales, en la configuración de políticas medioambientales, propiciando acuerdos y procesos participativos.
Con respecto al medio ambiente y al medio rural, el Partido Aragonés considera absolutamente necesario tomar las medidas oportunas para prevenir y preparar el medio ambiente como primer elemento de defensa ante desastres naturales.
Para ello se deben adoptar medidas encaminadas a simplificar la tramitación de los procedimientos, reduciendo las cargas administrativas y unificando las exigencias medioambientales entre los distintos territorios, con el objeto de facilitar el desarrollo de las actividades ambientalmente sostenibles, ya sean industriales, agrícolas, ganaderas, o comerciales.
Nuestro objetivo es aprovechar el potencial de desarrollo económico, desarrollo tecnológico y oportunidades de empleo que supone la correcta gestión ambiental, tanto en el medio urbano como en el rural.
Los aragoneses sentimos el orgullo de pertenecer a una de las comunidades históricas más antiguas y decisivas tanto para la formación política de España como para la construcción de Europa.
La aportación de nuestro viejo Reino no pasa inadvertida para nadie. Como recordatorio el ejemplo que suponen sus históricas instituciones de gobierno, con las Cortes y el Justicia como contrapesos a la autoridad Real. O la aportación de nuestro Derecho Foral como uno de los más avanzados ordenamientos jurídicos de derecho privado del Continente. O nuestra contribución a la historia universal del arte, la literatura, la música o la ciencia.
Si la UNESCO definía en 1982 la cultura como “El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, englobando, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias”, para el Partido Aragonés, la cultura es la sustancia misma de la que está hecha nuestra identidad como pueblo. La más exacta cartografía de nuestro ADN colectivo.
Por su condición de comunidad histórica milenaria, Aragón tiene un inmenso patrimonio cultural que estamos obligados a proteger, difundir y legar a nuestros hijos en las mejores condiciones de conservación.
Un patrimonio que incluye más de diez mil referencias arqueológicas y varios miles de monumentos arquitectónicos que van desde el mundo romano al arte contemporáneo pasando por un románico de singular belleza, un gótico que en centenar y medio de monumentos tiene acentos mudéjares propios del Próximo Oriente, un renacimiento que se adorna con el mejor plateresco, un barroco que alcanza su cima en la Basílica del Pilar y en la que Goya dejará muestras de su mejor genio creador o un arte contemporáneo que tiene en Aragón algunas de sus más brillantes referencias internacionales en las figuras de Gargallo, Serrano, Francés, Victoria, Aguayo, Lagunas, Saura, Mira, Orensanz, Broto, etc. Por no hablar de lo que representa Buñuel en la historia del cine o Gracián para la literatura universal. Ni tampoco podemos olvidar que las aportaciones de Ramón y Cajal al estudio de la sinapsis neuronal han pasado ya a formar parte del acervo cultural de la humanidad.
Un importante objetivo del Partido Aragonés es la recuperación del patrimonio cultural aragonés que está indebidamente fuera de la Comunidad Autónoma, tal y como ha venido haciendo en esta legislatura a través de la Dirección General del Patrimonio Cultural, gracias a la que se han recuperado varias piezas que habían salido de Aragón hace muchos años.
Además, hemos coadyuvado a las nuevas demandas encaminadas a la recuperación de los bienes aragoneses retenidos todavía en museos catalanes: la demanda de nulidad de la compraventa de los bienes del Monasterio de Sijena, vendidos a la Generalidad de Cataluña hace más de un cuarto de siglo y la demanda contra el Museo Nacional de Arte de Cataluña para reclamar el regreso de las pinturas de la Sala Capitular de este mismo monasterio de Sijena.
El Partido Aragonés quiere sellar un compromiso inequívoco con la cultura aragonesa. Nuestro tejido cultural tiene profesionales de talento, de primer nivel, que deben competir en condiciones de desigualdad con las grandes multinacionales del sector. Por eso, para el Partido Aragonés el papel del Gobierno de Aragón no debe ser sustituir a nuestras empresas culturales sino contribuir a hacerlas más competitivas en un mercado global, y apostar claramente por conservar a nuestros mejores creativos para que puedan desarrollar en Aragón todas sus capacidades.
En todo caso, el Partido Aragonés considera que, habiéndose hecho mucho en materia de prevención, protección, investigación, conservación y restauración en las últimas legislaturas, queda todavía trabajo por hacer en materia de difusión de nuestro patrimonio cultural, sobre todo, en materia de divulgación de los valores del patrimonio, su trascendencia identitaria y todos los aspectos de carácter económico-social que han demostrado su relevancia en el desarrollo y mejora de la calidad de vida de los aragoneses.
En definitiva, el Partido Aragonés quiere devolver a los aragoneses el protagonismo que les corresponde tanto en la producción cultural como en la defensa del patrimonio cultural como fiel expresión de nuestra propia identidad como pueblo.