El Justicia de Aragón es una de figuras fundamentales para entender nuestra identidad aragonesa. Históricamente formaba parte determinante del entramado de equilibrio de poderes en el Reino de Aragón, cuya existencia se avanzó varios siglos a todos los países del mundo. Pero no se trata sólo de atender a esa referencia que nos hace únicos, sino principalmente valorar que el Justicia fue y es la expresión de un rasgo de nuestro carácter como sociedad: la firmeza en defensa de la Ley, del acuerdo, de la palabra dada, de la libertad, de la igualdad.
Como dice la norma aragonesa que regula su tarea, la esencia misma de una institución mucho más reciente como es el Defensor del Pueblo, es decir, «la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, pertenece al mundo histórico-jurídico español en virtud de la existencia y práctica del Justicia aragonés».
Además, junto a la necesidad de actualizar y modernizar con éxito su función institucional, Aragón ha sabido responder a su identidad, atribuyéndole «otras dos competencias que exceden de las que la Constitución otorga al Defensor del Pueblo y los restantes Estatutos de Autonomía» a otras instituciones similares: la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón y la tutela y conservación del Ordenamiento Jurídico aragonés, «con lo que el Justicia de Aragón es una institución singular y con perfiles muy característicos y perfectamente singularizables en el ordenamiento jurídico español».
Aragón tiene cuatro instituciones principales que nos definen como Comunidad: las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación General y el Justicia. Así lo reconoce el Estatuto y los propios aragoneses que, cada vez más, acuden a plantear sus casos al control y ayuda del Justiciazgo, que actúa con proximidad a los ciudadanos y eficacia creciente.
Por todo ello, aún asumiendo la conveniencia de dotar de mayor eficiencia a las administraciones públicas del Estado y de las Comunidades Autónomas, esta institución aragonesa en modo alguno puede ser objeto de posibles medidas restrictivas desde el Estado, siquiera formuladas como sugerencia.
Es el Justicia de Aragón. Y de los aragoneses.