(Comunicación de Presidencia del partido)
Acalorados por la presión de Madrid, muchos medios de comunicación, tertulianos y políticos terminan pensando que lo que sucede en la villa y corte es extrapolable al resto del país. Tienen una visión muy distorsionada de la realidad territorial de nuestro país. El Ayuntamiento de Madrid está fuertemente endeudado, entre otras cuestiones, por la falta de colaboración de esa entelequia que es el gobierno regional de Madrid y porque ha asumido competencias que no le son propias. Así, acumula 6.500 millones de deuda viva a 31 de diciembre de 2012. Para que nos hagamos una idea eso es aproximadamente la cuarta parte del PIB de todo Aragón. Pero ese exceso de pasivo se repite en las grandes ciudades como Barcelona, con 1.178 millones de deuda, Valencia con 975, Málaga, 748, Sevilla con 448 y Zaragoza con 882. Sólo estas seis grandes ciudades suman ya la cuarta parte de la deuda total de las administraciones locales en España que asciende a 42.000 millones de euros.
Por contra, el resto de municipios aragoneses suman 303 millones de deuda viva. Unos 460 euros por habitante. Pero si incluso sumamos la deuda de las comarcas que asciende a unos 17 millones de euros, la deuda total de las administraciones locales aragonesas, descontando, lógicamente el Ayuntamiento de Zaragoza, suma el 0,75% de la deuda nacional y se coloca en la mitad de la deuda media nacional por habitante. Es decir, que nadie nos confunda, la deuda de los ayuntamientos y comarcas aragonesas es la mitad de la media nacional. Aragón no es el problema, pese a tener 731 ayuntamientos.
Pero aún con todo, la intención del gobierno de modificar la ley de bases de régimen local impondrá unos criterios de eficiencia en el gasto y parámetros de calidad en la prestación de servicios. Una vez más, la solución al problema que se pueda crear depende más de nosotros mismos. Reconocida la singularidad de Aragón con un modelo territorial propio recogido en el Estatuto de Autonomía, que recordemos es ley orgánica, nos corresponde armonizar el entramado de administraciones locales. El artículo 85.3, al que se aludía el otro día nos otorga la posibilidad de redistribuir las competencias administrativas de las entidades locales. Será, por tanto, una ley aragonesa la que decida qué competencias ejerce cada ayuntamiento y cada administración y cómo éstas cooperan para garantizar un mejor servicio al ciudadano.
Reiteradamente se atribuye la paternidad de las comarcas a nuestro partido, y éste es un logro del que debemos sentirnos orgullosos. Quizá en Zaragoza capital siga sin entenderse que las comarcas son entidades prestadoras de servicios que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. Son decenas de miles de aragoneses los que disfrutan a diario de los servicios que éstas prestan y como sucede en cualquier ámbito, hay algunas que funcionan mejor que otras.
Pero resulta fundamental explicar que son prestadoras de servicios, por eso tienen más gasto de personal, no están destinadas a invertir. Que ejercen competencias fundamentales en el territorio como los servicios sociales, la protección civil o la recogida de residuos y que su reducida deuda se debe más a cuestiones contables de libramiento que a endeudamientos generados por ellas mismas. Las comarcas se han revelado como gestores muy eficientes. Al igual que los ayuntamientos, que hay que recordar que son la única administración que cumplió el año pasado los objetivos de déficit.
Ahora nos corresponde dar un nuevo paso en el entramado administrativo que coadyuve a vertebrar mejor el territorio, mediante la ley propia, que se tramitará en breve. En ella se fijarán criterios para garantizar una mejor financiación de los ayuntamientos mediante los fondos incondicionados en los que colaborarán las diputaciones. Siendo ésta una competencia estatal, la histórica implicación del Gobierno de Aragón ha permitido que nuestros ayuntamientos estén más saneados que en otras comunidades, y ahí hemos tenido mucho que ver. Se clarificarán las obligaciones de cada municipio en función de su población, porque Teruel puede contar con un parque de bomberos pero no se puede obligar a Farlete a que se responsabilice de esa competencia.
Y ahí es donde se dará un importante paso, al fijar mecanismos en los que los municipios pequeños, aquellos de menos de 250 habitantes, podrán encomendar a las comarcas a que presten servicios a los que, por cuestiones económicas o técnicas, no puedan hacer frente. Podrán incluso encomendar a la comarca a que les preste servicios técnicos como intervención o Arquitectura o que les ayude a tramitar concursos, por ejemplo. La comarca se implicará y colaborará en las escuelas infantiles, el transporte y comedor escolar o en programas de promoción de la salud Se logrará así servicios públicos de mayor calidad según criterios de eficacia económica y racionalidad administrativa, siguiendo el principio de atribuir la competencia siempre al nivel más próximo al ciudadano. Y por último se dará solución a la comarca metropolitana de Zaragoza.
Aragón tiene su modelo territorial propio que ha sido exitoso, pero que requiere mucha pedagogía por nuestra parte.