(Comunicación de Presidencia del partido)
En vísperas de la celebración del aniversario de la Constitución deberíamos analizar los dos frentes de ataque que tiene la Carta Magna. En reiteradas ocasiones nos hemos mostrado contrarios a las reformas que impulsa, sobretodo, parte del Partido Socialista por innecesarias, inoportunas e irresponsables. Pero tenemos otro frente que si bien no apela a la reforma constitucional dinamita el espíritu que emana del título octavo de la misma. Cuestionar y dificultar el desarrollo autonómico es tanto como alterar de forma sustancial el gran pacto que alcanzamos los españoles. A veces, dentro del Partido Popular afloran reminiscencias de su formación fundacional que evidencian que no creen en el hecho autonómico.
Y ante la falta de fe, nuestro partido debe de ser quien convierta a los incrédulos. Lo hicimos con el trasvase, a socialistas y populares, y ahora nos corresponde concienciar a los conservadores que el desarrollo autonómico no atenta contra la soberanía nacional y por el contrario nuestra posición refuerza al Estado y a la Constitución Española. En cualquier acuerdo, ambas partes deben esforzarse por entender y atender las sensibilidades y demandas de la otra parte. Y al igual que nosotros hemos respaldado medidas de carácter económico que no eran de nuestro total agrado, reclamamos al Partido Popular que atienda nuestro primer objetivo que es el desarrollo autonómico, por el reconocimiento a nuestra historia y como instrumento para mejorar la calidad de vida de los aragoneses.
Es inaceptable el continuo ataque a las autonomías por parte de altos cargos públicos y la connivencia de su partido. El rechazo a reconocer la singularidad territorial propia de nuestra comunidad reconocida en una Ley orgánica parte del cuerpo constitucional como es el Estatuto de Autonomía es, sencillamente, una felonía de enorme gravedad que no vamos a aceptar. Y menos cuando se aceptan singularidades en otras ocho comunidades. Las enmiendas, constructivas y coherentes, registradas en la cámara alta por nuestros tres senadores no suponen coste alguno para la administración general del Estado, única cuestión que parece motivar todo lo que promueve el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Debemos pues interpretarlo como una falta de consideración a nuestro partido y a los aragoneses.
Una insensibilidad que rezuma el informe de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas (CORA) que atenta contra las competencias propias y fundamentales señas de identidad de nuestra comunidad. Informe sobre el que algunos consejeros de nuestro gobierno han solicitado opinión a funcionarios, ninguneando a nuestros directores generales que deben ser los que aporten el criterio político.
Que el Partido Popular, a nivel nacional, que no autonómico, reclame la supresión de la figura de la Cámara de Cuentas o del propio Justicia evidencia su nula comprensión sobre lo que es esta comunidad autónoma, su desconocimiento de nuestra historia y su rudeza para su único aliado.
La figura del Justicia de Aragón, como defensor de las libertades y derechos de los aragoneses va a cumplir dentro de poco 750 años de historia. Es tres siglos anterior a la propia conformación de España, que no se olvide nunca por voluntad de castellanos y aragoneses. El año pasado tramitó 2.309 quejas de ciudadanos aragoneses, frente a las 834 que recibió el defensor del pueblo, de las que la cuarta parte fueron del propio Justicia quien trasladó iniciativas nacionales. Por tanto, podemos concluir que el 80% de las quejas ante un defensor del pueblo se tramitan ante el aragonés porque inspira más confianza y proximidad. La supresión de la figura del Justicia, además de un atentado a las señas de identidad propias generaría indefensión a miles de ciudadanos que nunca acudirían a Madrid, entre otras cuestiones por desconocimiento. Aludir a los seis millones de euros que cuesta la oficina del Justicia es un argumento tan pueril como grosero.
Lo mismo puede decirse de la Cámara de Cuentas. Órgano auditor de la actividad pública en la Comunidad Autónoma que recientemente acaba de entregar la memoria de fiscalización de 2011. Menos de dos años de carencia frente a los cinco que acumula de media el Tribunal de Cuentas. ¿Qué aporta un informe auditor con cinco años de retraso? El nivel de diligencia y de agregación que logra la Cámara de Cuentas muestra las vergüenzas de un tribunal nacional que no es eficiente ni resolutivo. Pero tiene la ventaja de estar en Madrid, lo que para algunos aporta un valor añadido.
El coste medio de un informe del Consejo de Estado es cuatro veces mayor que el que emite el Consejo Consultivo de Aragón, más pegado a la realidad aragonesa y que permite una mejor interpretación de la norma y singularidad del derecho aragonés.
La televisión pública es otro claro ejemplo. Para los aragoneses, el gasto cuestionable es el de TVE, donde Aragón aparece en contadas ocasiones frente al servicio público que presta la radiotelevisión autonómica.
Ejemplos que demuestran que los entes autonómicos son más eficientes y que han permitido un importante avance de la comunidad. Aprovechar la crisis económica para atacar estos organismos y, por ende, la autonomía política de la comunidad es un ataque frontal a los aragoneses y a los aragonesistas en particular que no vamos a aceptar.