(Comunicación de Presidencia del partido)
El Partido Aragonés ha presentado en las Cortes la proposición de Ley de aguas y ríos de Aragón que explora el pleno desarrollo de nuestras competencias en la materia, que fija el Estatuto de Autonomía de Aragón. Se trata de una iniciativa que ya registró el PAR a finales de la legislatura pasada sin que pudiera aprobarse por falta de tiempo. Ahora, se ha mejorado el texto. Fue después uno de los asuntos incluidos en el pacto de gobernabilidad, renovado con el pasado acuerdo presupuestario para 2014. Se trata de una de las tres leyes que forman parte consustancial de la esencia de nuestro partido y que debieran aprobarse este año junto a la de redistribución de competencias administrativas que afecta al territorio y la de actualización de derechos históricos, esencial para entender nuestra concepción de los hechos identitarios aragoneses. Agua, autonomía y territorio han sido una constante en nuestro trabajo lo que no impide que siga habiendo cuestiones por desarrollar en mayor medida.
La oportunidad política nos permite aspirar a que esta ley pueda entrar en vigor el próximo año, justo cuando se cumple un siglo de la aprobación de la Ley de riegos del Alto Aragón, que plasmó el anhelo de nuestra comunidad por disponer de los recursos hídricos necesarios.
Se trata de una ley ambiciosa que consolida a Aragón como la institución de referencia en la materia para los aragoneses regulando, a través de más de un centenar de artículos, cuestiones como los abastecimientos, depuración, vertidos, infraestructuras, relativas al dominio público, el régimen financiero, planificación, administración, consolidación de la gobernanza e incluso la gestión de riesgos.
Como no podía ser de otra manera, regula de manera minuciosa el informe preceptivo que debe emitir la comunidad autónoma en los posibles proyectos de trasvase de agua del Ebro a otras cuencas. Nuestra férrea oposición al trasvase ya ha permitido convencer a dos socios de gobierno en Aragón, pero debemos seguir articulando medidas que lo hagan inviable para el futuro, porque las tentaciones pueden surgir por parte de los partidos nacionales.
La futura Ley prevé que Aragón pueda ejecutar obras de interés general a través de encomiendas de gestión, como ya ha sucedido con las obras de depuración, tal y como ha recordado el portavoz en las Cortes, Alfredo Boné.
Pero además, introduce una cuestión de suma importancia y es la tramitación por parte de la Comunidad autónoma de los expedientes administrativos que afecten a la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos prevista en el Estatuto de Autonomía y la emisión de informes vinculantes. Tramitación aragonesa y propuesta de resolución para que la valide después el organismo de cuenca, como sucede en otras comunidades como Cataluña, País Vasco o Andalucía.
No se trata de hurtar competencias al Estado, por el contrario, prevalece un marco de colaboración institucional pero desde la premisa del pleno desarrollo de nuestras competencias que permite la legislación básica en materia de aguas, por lo que debe de ser una ley de acuerdos, más que de generación de conflictos.
El diputado Peribáñez ha insistido en los cauces de participación de la sociedad en el ejercicio de la gobernanza como la Comisión del Agua que ha permitido revisar y ampliar acuerdos sobre infraestructuras básicas.
El agua es un elemento clave de generación de riqueza, pero no sólo en sus usos tradicionales como la agricultura, también en materia de ocio, industria y energía. En este sentido, el diputado oscense Antonio Ruspira ha recordado la reclamación de nuestro partido para que el beneficio de los aprovechamientos hidroeléctricos de las presas pirenaicas revierta en la comunidad. Camino que, recientemente, ha emprendido la Confederación Hidrográfica del Ebro, quien también ha reclamado a las eléctricas la reversión de la energía reservada.
En nuestro proyecto de Ley se prevén criterios de planificación sobre el abastecimiento a núcleos, la depuración, los usos agrarios y el plan medioambiental del Ebro. Además se insta al Gobierno de Aragón a que desarrolle programas industriales, recreativos y energéticos para optimizar el pleno aprovechamiento de un recurso limitado pero de enorme potencial en el futuro.