Zaragoza, 21 de enero de 2019.- El presidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Arturo Aliaga, ha manifestado que no tendría sentido que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera llegara el miércoles a Andorra por primera vez, después de tanto tiempo, sin el anuncio del retraso del cierre de la central y sin medidas que garanticen “la continuidad de vida en esa parte del territorio de Aragón”. Aliaga ha indicado que “estamos vigilantes para ver qué anuncios se hacen, si los hay, con qué medidas, con qué plazos y con qué inversiones”. No entenderíamos, ha dicho, que la ministra “vaya a Andorra a pasearse”.
Aliaga ha exigido a la ministra “respuestas y soluciones justas”. El presidente del PAR ha pedido a la ministra que el miércoles lleve a Andorra buenas noticias y compromisos que aseguren “la vida en la comarca y eviten la despoblación”. Y ha insistido en la necesidad de continuidad de la térmica hasta que existan proyectos dotados que impidan el “desastre económico y social que supondría la operación cierre”. Es necesario, ha defendido Aliaga, que Ribera “negocie con Endesa y no autorice el cierre si no existe un plan de inversiones justo”.
Arturo Aliaga valora que la temida despoblación de la zona sería “una desastrosa e injusta realidad si no se garantiza el sostenimiento del empleo con las compensaciones por parte de Endesa”. Y pide que no autorice el cierre “a la brava” para prevenir efectos “devastadores” en la zona.
Aliaga ha recordado que el pasado 14 de diciembre ya mostró su preocupación y criticó que la ministra Ribera viniera a Zaragoza y no se acercara a Andorra a “dar la cara” y a conocer la realidad del grave problema que supondría para miles de personas el desmantelamiento en junio de 2010 “sin una transición justa”. En esta línea ha pedido a la ministra “voluntad política y sensibilidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), ha concluido Aliaga, “no debe abandonar a su suerte a la Comarca de Andorra que está luchando por sobrevivir”. Ribera debe evitar “el varapalo y el desastre socioeconómico que supondría el cierre de la térmica en las actuales condiciones para miles de familias, para la provincia de Teruel y para Aragón”.