Zaragoza, 21 de noviembre de 2018.- El presidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz en las Cortes, Arturo Aliaga, ha impulsado una proposición no de ley que se debatirá y votará en el Pleno de las Cortes en la que manifiesta el rechazo del PAR a la política “diésel” del Gobierno de España (PSOE), y su preocupación que ha ido “in crescendo” desde que la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, se pronunciara el pasado mes de julio cuando anunció que “el diésel tiene los días contados”.
Es cierto que el objetivo de reducción de las emisiones de CO2 que se está discutiendo actualmente en la Unión Europea apunta a reducciones entre el 30 y el 40% para el año 2030, obliga a adoptar medidas hacia una economía sostenible descarbonizada, pero también es cierto que las sociedades, ha dicho Aliaga, tienen que avanzar “científica, técnica y medioambientalmente pero de manera razonable y razonada. Sin atropellos que desembocarían en gravísimos perjuicios para las partes implicadas”.
Con todo y así las cosas en su propuesta el PAR insta al Gobierno de Aragón a dar traslado al Gobierno de España de la inmensa preocupación que han provocado las diferentes medidas anunciadas en relación con los vehículos propulsados con combustible diésel, y al Gobierno de España a una neutralidad tecnológica en las políticas que conciernen al sector de la automoción evitando decantarse por una u otras tecnologías dados los esfuerzos realizados por la industria en investigación y desarrollo de nuevos modelos, cuyos niveles de emisión de CO2 son inferiores a los vehículos de gasolina y cuyos niveles de emisiones contaminantes son equiparables a los emitidos por un vehículo con motor de gasolina.
El Partido Aragonés insta a establecer un calendario hacia la “descarbonización” ordenado y no forzado, ha reclamado Aliaga, “que vaya acompañado de un plan para la renovación del parque móvil en España, que permita acceder a un sistema más sostenible sin perjudicar a los productores, trabajadores y usuarios”. Calendario y Plan “han de establecerse conjuntamente con todas las partes implicadas como el sector de la automoción, el de bienes de equipo, los concesionarios, los autónomos, Pymes, talleres…) de modo que su adopción evite brusquedades y permita establecer un calendario concreto de actuaciones para una transición adecuada que no perjudique los planes de inversión y empleo del sector”.
Asimismo en la propuesta el PAR pide que ese avance hacia un nuevo modelo de fiscalidad verde “integrada y al uso”, que impulse la renovación del parque “hacia vehículos con bajas y cero emisiones manteniendo la recaudación de las administraciones públicas”. Una fiscalidad sobre el automóvil, ha dicho Arturo Aliaga, “basada exclusivamente en el uso y con carácter medioambiental considerando tanto el problema de la calidad del aire como el del calentamiento global”.
El presidente del PAR y portavoz en las Cortes, Arturo Aliaga, pide en la propuesta que “de imponerse finalmente una nueva fiscalidad al diésel, deberá tener en cuenta la exclusión de la misma de aquellos profesionales, empresas y actividades cuyo impacto pueda afectar de manera directa a su competitividad”.
Por último y dado que en Aragón “ya existe un impuesto a dicho carburante”, Aliaga quiere que el Gobierno de Aragón en el caso de que el Gobierno de España de Pedro Sánchez fijase un impuesto adicional al diésel “lo revise para que la tributación no aumente la presión fiscal de los aragoneses”.
Antecedentes
El Partido Aragonés recuerda que en España hay actualmente 23 millones de turismos matriculados y algo más de 13 millones de coches en circulación llevan motores alimentados por gasóleo. Asimismo el parque móvil de vehículos industriales y autobuses utiliza como combustible el gasóleo.
En Aragón circulan 607.904 coches de los que 352.848 (58,04%) funcionan con diésel. Los sucesivos Planes PIVE incentivaron la adquisición de vehículos diésel por su bajo nivel de emisiones de CO2, ha señalado Aliaga, quien ha recordado que los fabricantes de automóviles, bienes de equipo y suministradores de motores llevan años invirtiendo en Investigación y Desarrollo para alcanzar finalmente que los nuevos motores diésel Euro 6.2 sean extremadamente limpios, con un nivel máximo de emisiones de NOx de 80 mg/km frente a los 60 mg/km de los motores propulsados a gasolina. Además es necesario añadir que desde el punto de vista de homologación los nuevos motores deben pasar ensayos de emisiones en condiciones reales de circulación así como garantizar las condiciones para las cuales fueron homologados en su servicio.
Es necesario, ha defendido Arturo Aliaga, “que se concilien los intereses de la industria del automóvil -incluyendo las auxiliares del sector-, con un gran impacto en la riqueza y el empleo de Aragón, en el sector de los autónomos y transportistas….”. En España, explica Aliaga, el 94,05% del transporte de mercancías se realiza por carretera mediante vehículos impulsados por motores diésel, lo que conllevaría “un incremento en los precios al consumo final si se incrementan los costes”.