Cuando en noviembre de 2015 el Partido Aragonés solicitó adherirse al Pacto contra el terrorismo yihadista, lo hicimos no solamente como una reacción a los recientes y trágicos atentados de París recién acaecidos. Entonces fue París por segunda vez, como lo habían sido antes Madrid, Londres, Toulouse, Bruselas, Dinamarca, Niza y en esta última ocasión Barcelona. No hay país ni ciudad europea que esté exenta de ser escenario de esta barbarie y es por tanto imprescindible unificar criterios y aunar esfuerzos para conseguir su derrota.
No es factible exigirle al Estado una eficacia máxima en la protección de los aragoneses y su seguridad, si nosotros no facilitamos de forma generosa y desinteresada nuestra colaboración con dicho objetivo. Es por ello que en la reunión del lunes 21 de agosto demandábamos y seguimos demandando a los partidos no firmantes del acuerdo que se posicionen claramente a favor de la legalidad contra el terror de estos fanáticos. La sociedad no puede albergar duda alguna, ni intuir fisuras en la firmeza del Estado de Derecho. El Pacto es un foro de información y un espacio para debatir propuestas e instrumentos que habiliten al Gobierno de la nación herramientas de trabajo dentro de la legalidad. La figura de los observadores, que pudo tener su lógica en los inicios de la andadura del pacto, no puede consolidarse como algo permanente, ya que, si algo denota es la falta de compromiso y por ende una cierta comprensión hacia quienes cometen estos actos execrables.
Los aragoneses, siempre hemos mantenido una postura leal con las políticas de Estado. Nos sentimos parte del mismo, independientemente de las reivindicaciones más o menos oportunas que mantenemos frente al gobierno central en demandas que entendemos justas y legítimas para Aragón. Es por ello que el aragonesismo, desde su nacimiento, ha mantenido una actitud receptiva y solidaria con el resto de las Comunidades Autónomas y el Estado. Somos críticos cuando entendemos que una determinada política o decisión nos perjudica, pero somos a su vez solidarios cuando se nos necesita o entendemos que podemos aportar al bien común de la nación. Ello es lo que nos legitima a la hora de mantener esa firmeza en nuestras exigencias.
El 17 de agosto ha sido Barcelona, pero en el fondo hemos sido todos los golpeados por la barbarie y el fanatismo. Gentes de todo el mundo, de varias nacionalidades y Comunidades Autónomas. El escenario fue Barcelona como podría haber sido Zaragoza, Santiago de Compostela o Badajoz, y no por ello nos duele y preocupa en menor medida.
La primera función que se le encomendó al Estado en las naciones modernas fue la de preservar la seguridad de los ciudadanos, otorgándole para ello el monopolio del uso de la fuerza. Uso que encuentra sus límites en los derechos fundamentales, en las leyes y en la dignidad de las personas. Si queremos protección y seguridad hay que confiar en las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para preservarla.
El próximo sábado nos manifestaremos en solidaridad con las víctimas y en repulsa de estos actos. Lo haremos con la certeza de representar la unidad de los aragoneses y de los españoles en general contra el terror. Esperamos que tenga la utilidad de llamar la atención a todos para que se unan en ese objetivo.