La reforma de las administraciones públicas -y en concreto de las administraciones locales- es una cuestión que plantea aspectos de gran interés social para el presente y el porvenir de Aragón y los aragoneses. La función que en nuestra Comunidad ejercen ayuntamientos, comarcas, diputaciones y Gobierno de Aragón es decisiva y debe estar orientada, entre otros objetivos, a «priorizar la creación de empleo, destinando a ese fin los principales recursos y ajustando, en lo posible, el gasto no productivo», «mejorar su eficacia y la eficiencia al servicio de los ciudadanos» así como «hacer más eficaz la relación con las empresas y con los ciudadanos, de manera que se mejore el servicio y se haga más eficiente su prestación», y «consolidar y desarrollar una política de organización territorial que se base en las previsiones del Estatuto de Autonomía, en la primacía del interés general de Aragón y en las necesidades de futuro de nuestro extenso, despoblado y desequilibrado territorio».