En junio, las Cortes de Aragón aprobaban la cuarta reforma del Estatuto, ley orgánica de obligado cumplimiento aprobada en 1982 y reformada en 1994, 1996 y 2007 año en el que la actual norma entraba en vigor el 23 de abril, Día de Aragón, después de una reforma que obtuvo un amplio consenso en el Parlamento autonómico al contar con el apoyo del PAR, PSOE, PP, IU y la abstención de CHA. Desde el PAR siempre hemos defendido el Estatuto como norma básica y fundamental porque rige el autogobierno. Y siempre con lealtad institucional y respeto a la Constitución del 1978, que en el artículo 143 del Capítulo tercero del Título VIII -Organización Territorial del Estado-, establece que “en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos”.
Desde entonces Aragón ha ido ganando competencias y futuro. 40 años de autogobierno que han servido para impulsar el desarrollo de Aragón de una manera más ágil y justa, y que sin duda constituyen la etapa más fructífera.
Con la reforma de 2007 se amplió el número de competencias de 41 a 59 y se incluyó una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos de la cuenca del Ebro para Aragón, de uso exclusivo, que suponía y supone el mejor blindaje frente a la posibilidad de un futuro trasvase del Ebro prometido a los territorios demandantes por los gobiernos de alternancia en Madrid.
Ahí ha estado y está el PAR realizando una labor política tremendamente interesante y beneficiosa para la Comunidad Autónoma, año tras año y en todos los gobiernos en los que ha estado y está representado. Se han ido ganando competencias y con ellas progreso y crecimiento, aunque queden retos pendientes. Esta cuarta reforma aprobada en Aragón por unanimidad suprime los aforamientos de los miembros del Gobierno autonómico y de los diputados y garantiza un mínimo de 14 escaños a cada circunscripción: Huesca, Zaragoza y Teruel, lo que permitirá a esta última provincia el mantenimiento de su representación en la cámara, aunque pierda población. Ese blindaje permite que no pueda perder presencia parlamentaria, lo que redunda en beneficio de los turolenses. El 13 de septiembre el Congreso ratificaba la reforma, con un resultado de 320 votos a favor y 18 abstenciones. Fue Arturo Aliaga, por el Partido Aragonés, quien defendió en la Cámara Baja la modificación de un texto que según expuso: “nos ha permitido el espacio en la arquitectura institucional del Estado; recuperar instituciones identitarias como las propias Cortes, el Justicia y establecer un modelo territorial propio que garantiza los servicios y el estado del bienestar a todos los aragoneses, vivan donde vivan, y que ha demostrado su eficacia en la pandemia. Un texto que nos ha habilitado para reforzar y recuperar nuestra identidad y nuestro patrimonio, poner en marcha proyectos estratégicos basados en nuestros recursos endógenos como el agua, la energía, la paleontología, la logística, los recursos turísticos y también desarrollar la igualdad de oportunidades, así como reforzar y asegurar las prestaciones del estado de bienestar garantizadas en todo el territorio para afrontar el reto demográfico”.
Ahora toca incidir en la reforma del actual modelo de financiación autonómica que constituye la principal asignatura pendiente, imprescindible e irrenunciable para el Partido Aragonés. Ningún gobierno de España se atreve a abrir el proceso por sus consecuencias electorales. Lamentablemente, tan cerca como estamos de las urnas, vuelve a aparcarse con incontestable perjuicio para Aragón; sin embargo para Aragón es esencial un sistema que reconozca las singularidades de nuestro territorio, la despoblación y el alto coste de los servicios públicos muy por encima de otras Comunidades Autónomas con alta densidad de población y menos envejecidas. El PAR va a seguir insistiendo y reclamando un sistema justo a Madrid, utilizando hasta el límite de su fuerza en cada momento político, hasta que lo logre.