(Comunicación de Presidencia del partido)
Los senadores del Partido Aragonés registraron esta semana las enmiendas a la ley de Racionalización del Sector Público y Otras Medidas de Reforma Administrativa, que bajo el influjo de la CORA, amenaza con vulnerar competencias de la Comunidad autónoma. El informe del comité de supuestos expertos en la reforma de la administración propuso un aluvión de medidas que bajo el pretexto de una mejora en la eficiencia de gestión de los recursos públicos, oculta una recentralización de muchos servicios y la supresión de algunas instituciones, como la del Justicia de Aragón, que después se descartó, tal y como advertimos hace ya algunas semanas. Desde el prisma instalado en la capital se ha optado por recentralizar competencias que, prestadas desde las comunidades autónomas han mejorado el servicio al ciudadano, que es el objetivo que debiera perseguir siempre la Administración, no únicamente un ahorro en costes. Es cierto que un único instrumento a nivel nacional puede ser más barato, pero no más eficiente y nuestra defensa ha sido siempre la del mantenimiento de servicios de calidad, cercanos, sensibles con las demandas de los aragoneses y gestionados siempre con rigor y responsabilidad. A menudo se denostan las actuaciones públicas, pero aquellas que han estado bajo la dirección de nuestros departamentos son, en la inmensa mayoría de los casos, ejemplares.
Más allá del espíritu centralizador bajo el falaz argumento de una mayor eficiencia, nuestros senadores han introducido enmiendas a puntos concretos de la ley, que a nuestro parecer, son perjudiciales para Aragón y los aragoneses.
Especialmente grave es la propuesta de devolver al Estado la competencia de Aragón de evaluar las titulaciones universitarias y el profesorado, funciones que en la actualidad desarrolla la Agencia de Calidad y Prospección Universitaria de Aragón, modélica en su actuación y vital para garantizar la plena coherencia entre nuestro mercado laboral y la especialización universitaria pues éste es el camino para asegurar la mayor empleabilidad de nuestros jóvenes y la retención del talento en Aragón. Es arduo el trabajo que ha hecho Aragón en estos años con este instrumento que se encuentra en tramitación para integrarse en la Asociación Europea de Agencias y que además de las titulaciones evalúa la calidad del sistema y del personal docente.
Es una cuestión de defensa de nuestra autonomía política pero también de defensa de organismos que funcionan bien en nuestra comunidad y que no requieren el tutelaje de Madrid.
Lo mismo sucede con otros como el Observatorio del Mercado de Trabajo que existe en Aragón, para ampliar competencias del observatorio nacional de Ocupaciones del Servicio Público Estatal. El mercado laboral es tremendamente complejo y la extensión de nuestro país y la idiosincrasia de cada comunidad recomienda que estos órganos de asesoramiento, estén más pegados al terreno y saquen sus propias consecuencias en función de lo que cada comunidad tiene o necesita. Las demandas en el mercado laboral aragonés nada tienen que ver con las canarias o con las gallegas, por poner un ejemplo. No es una cuestión de coste, que en este caso es prácticamente nulo, es una cuestión de sensibilidad y eficacia, que está reconocida en nuestro Estatuto de Autonomía a través del artículo 77.
La nueva norma administrativa también podría afectar a las políticas de juventud o de la mujer y, a través de cambios de última hora, incluso a la tramitación de subvenciones. Conviene mantener igualmente una referencia territorial más accesible para el usuario a través de los boletines oficiales territoriales que perderían eficacia jurídica en algunos procedimientos en beneficio del Boletín oficial del Estado.
El día 18 nuestros senadores defenderán en Madrid, como ha hecho el Grupo parlamentario en las Cortes aragonesas logrando la unanimidad, como siempre ha hecho el PAR, las competencias y la Autonomía de Aragón frente a una Ley que no debe ser un hito en la recuperación del centralismo, sino un impulso a la verdadera eficacia y eficiencia de la Administración española al servicio de la sociedad, respetando los derechos y el autogobierno de las comunidades, de Aragón y los aragoneses.