Por Berta Zapater (PAR)
El Gobierno de Aragón destinó el año pasado 8.9 millones de euros para las ayudas al alquiler en Aragón, de los que 2 millones se designaban a jóvenes menores de 35 años.
Ayudas muy demandadas -casi 13.000 solicitudes este año- que están sin resolver. En marzo de 2019 siguen pendientes las de 2018. Y me pregunto qué sentido tiene una ayuda si has de adelantarla antes de recibirla.
¿Qué joven puede independizarse si debe sacar de donde pueda la totalidad del alquiler, aunque posteriormente le devuelvan el 50%? No tiene sentido.
¿Qué familia deja de dar de comer a sus hijos o de pagar la luz o la calefacción para costearse el alquiler sabiendo que tardarán en devolverle de una sola vez y como máximo el 40% del alquiler de 12 mensualidades? Esta fórmula realmente es rara. No sé si cumple el fin para el que fue creada. No tiene mucha razón de ser que todavía haya gente que se quede fuera, habiendo respetado estrictamente las bases y por tanto, teniendo derecho a percibirlas.
En 2017 una de cada 4 familias que cumplía con los requisitos se quedó sin la ayuda.
Habrá que dar alguna vuelta más y seguiremos exigiendo la máxima voluntad política para que no se acabe perdiendo el fin para el que fueron creadas y para que no se estigmatice a las personas que las reciben.
En 2015 en pleno seguimiento de dichas ayudas descubrí con estupor que cuando se publicaban en el Boletín oficial de Aragón aparecían los nombres y apellidos de los beneficiarios. Aquello me pareció tremendamente violento e injusto. Sentí que se violaban sus derechos, su vida. No había delito en aquella bochornosa situación, pero me sentí avergonzada.
Por eso, y con todo, presentamos una iniciativa en las Cortes de Aragón para que esta discriminación desapareciera. Aunque en 2016 no conseguimos que lo hicieran, las ayudas que reciben ahora las personas tras insistir en 2017, ya no aparecen publicadas con nombres y apellidos sino con un código que respeta la identidad de cada solicitante y destinatario.
Desde el PAR conseguimos también, a través de otra propuesta, que se recuperara la notificación personal mediante carta certificada dirigida a cada uno de los beneficiarios. El gobierno, erróneamente, opinaba que era suficiente la publicación del nombre y apellidos en el BOA.
Todo el mundo necesita un techo bajo el que vivir, y los poderes públicos estamos obligados a responder a esa necesidad. Las políticas de vivienda deben destinarse a convertir en realidad este objetivo inexcusable. Unas ayudas al alquiler que llegan tarde y mal no sirven. Una ley de vivienda que está en tramitación en el Parlamento ahora y que no cuenta con el apoyo de casi ningún grupo político, no sirve. Ayudas a la rehabilitación y regeneración urbana que no salen adelante, no sirven… En fin, lamento que haya que esperar a la próxima legislatura para que se le dé una solución definitiva al problema de la vivienda en Aragón. Ojalá que así sea.