Balanzas fiscales y criterios de financiación

(Comunicación de Presidencia del partido)

Ninguna publicación de balanza fiscal esta exenta de intencionalidad. Desde que el gobierno central anunciara su publicación para desmontar parte de la argumentación de los separatistas catalanes, cada comunidad ha aprovechado para hacer sus cálculos y emplearlos de forma torticera. En los últimos días hemos conocido dos, la extremeña y la de la comunidad de Madrid. Realmente en ambas salimos bien parados ya que la que pudiera parecer más desfavorable, la madrileña, dice que Aragón recibe un 16% por encima de lo que aporta cada ciudadano, pero también señala que somos la cuarta comunidad que mayor contribución hace aportando un 14% por encima de la media, es decir, recibimos practicamente lo mismo que aportamos. En la extremeña aparecemos como una de las comunidades que menos recibe por parte del Estado y en ella han introducido mecanismos de corrección vinculados al territorio y a los recursos naturales.

Entiendo que este último planteamiento resulte extraño, pero acierta al introducir el medio ambiente como una cuestión a ponderar. La presencia de determinados espacios naturales que es necesario conservar y nuestra contribución a mejorar el medio ambiente también deberían valorarse, puesto que limita nuestra actividad pero genera unos beneficios que el resto también disfrutan. Es un argumento complejo, pero que en muchas universidades se incluye para medir el grado de desarrollo y la contribución a la conservación medioambiental. Desde hace unos meses hemos impulsado un debate profundo sobre la reversión de parte de los beneficios de las hidroeléctricas en el territorio en el que producen la energía. Parece lógico que si soportamos los embalses cuya producción energética va a otras comunidades, tengamos alguna compensación.

El pistoletazo de salida a la reforma de financiación no ha hecho más que añadir nerviosismo, porque en esta ocasión, al contrario que ha sucedido hasta ahora, la tarta no va a ser más grande que la anterior, por lo que se evidenciará más que ha habido unos perdedores, frente a otras ocasiones en la que todos ganábamos.

Aragón no ha publicado sus balanzas, lo que no es óbice para que de forma interna trabajemos en aquellos argumentos que nos permitan reivindicar una mejor financiación. Los consabidos criterios de la población con una ligera corrección por la extensión geográfica se rebelan como insuficientes y desfasados. Es necesario incluir las características poblacionales, geográficas, las singularidades territoriales, incluida la administración local, el esfuerzo fiscal y nivel de fraude, la contribución medioambiental y el nivel de desarrollo de cada comunidad. Tampoco estaría de más que se valorase la eficiencia en la gestión mediante indicadores objetivos que permitan evaluar la administración responsable de los limitados recursos económicos, como el nivel de deuda, el déficit de gestión, la diligencia en el pago a los proveedores o incluso la agilidad administrativa. Cuestiones en las que siempre hemos actuado con responsabilidad frente a otras comunidades que tres décadas después siguen requiriendo el esfuerzo de todos para superar un retraso que lejos de reducirse se ha cronificado.

Pero sobretodo, no debemos perder de vista la reforma tributaria que abrirá un escenario distinto y que exige un análisis profundo y sereno sobre la sostenibilidad del Estado.

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