El PAR pide que se construyan «de una vez» los hospitales de Teruel y Alcañiz, defiende que no hay excusas para más retrasos y pide la comparecencia del consejero Celaya en las Cortes para que dé explicaciones de los retrasos y la falta de ejecución de las partidas consignadas para 2016.
La diputada del Partido Aragonés (PAR) portavoz de esta formación política en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Berta Zapater, ha pedido hoy en rueda de prensa en Teruel la comparecencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, para que explique la inejecución de las partidas económicas contenidas en el presupuesto de 2016 para los hospitales turolenses y el momento en el que se encuentra el proceso.
La diputada aragonesista ha estado acompañada del presidente intercomarcal del PAR en la provincia, Julio Esteban. Ambos han defendido que los hospitales de Teruel y Alcañiz «no pueden esperar» y han insistido en la necesidad de los dos centros hospitalarios y en la «indispensabilidad» de «avanzar y hacer realidad los dos hospitales sin más demoras injustificables».
Berta Zapater ha indicado que el PAR ha presentado «muchas iniciativas parlamentarias» en las Cortes de Aragón y recordado que el 26 de agosto de 2015, un mes después de la toma de posesión del Gobierno, hace un año, «presentamos una proposición no de ley que fue aprobada por todos los Grupos parlamentarios y tristemente hoy, 13 meses después, los únicos movimientos son los constantes retrasos y demoras, y el efectivo e indeseable bloqueo».
Zapater ha criticado que el consejero Celaya se ha comprometido en numerosas ocasiones a que las obras del hospital de Alcañiz comenzarían «este año» y que la adjudicación del centro de Teruel también se llevaría a cabo este año.
Zapater y Esteban han reivindicado «la construcción de los dos hospitales, esenciales para que los turolenses y alcañizanos puedan ser atendidos en las mismas condiciones y con la misma calidad sanitaria que cualquier otro usuario aragonés». Los actuales son hospitales «obsoletos» que tienen «graves deficiencias y falta de espacio para poder ampliar servicios esenciales como el de una UCI».
Más tardanzas serían «insoportables, injustas e injustificadas social y políticamente», ha concluido Zapater.