(Comunicación de Presidencia del partido)
A lo largo de 2014 entrarán en las Cortes de Aragón las dos últimas piezas que permiten completar el puzle de la ordenación territorial aragonesa, como son la Ley de capitalidad y la de creación de la Comarca de Zaragoza.
El enorme peso de la ciudad dentro de la delimitación, ha dificultado siempre la constitución de la comarca prevista como número diecisiete. Era evidente que Zaragoza requiere de un tratamiento singular que refuerce por un lado su condición de capital de Aragón y que permita por otro lado regular la relación con los municipios de su periferia. Nadie puede negar el influjo que una ciudad de casi 700.000 habitantes ejerce en otros municipios más pequeños ubicados a escasos kilómetros, generando, prácticamente, un espacio metropolitano. Esta ley vendrá a reforzar la autonomía de la capital e incardinar sus competencias dentro del modelo propio aragonés, mejorar su financiación mediante convenios específicos y establecer mecanismos de coordinación con otras administraciones locales, como la diputación provincial.
Después, desagregada la ciudad, el resto de la delimitación se constituirá en comarca superando el límite establecido de continuidad territorial y estableciendo las mismas competencias de las que gozan el resto de comarcas. La mancomunidad central ha cubierto hasta ahora, parcialmente, esas competencias, pero la constitución de la comarca se hace necesaria para cerrar el mapa territorial y mejorar la atención a sus ciudadanos.
Las comarcas aragonesas se han revelado, hasta el momento, como un eficaz instrumento para el objetivo que fueron creadas: prestar unos servicios de calidad a los habitantes del medio rural equiparables a los que pudieran tener en la capital. La cercanía en la toma de decisiones ha permitido identificar y resolver demandas que no alcanzaban a interpretar correctamente desde Zaragoza.
Ahora toca dar un siguiente paso consolidando a las comarcas como la administración local de referencia que debe hacerse cargo de determinadas competencias que no pueden prestar los pequeños municipios por falta de recursos económicos o humanos. Encomiendas de gestión, incluidas en el borrador de proyecto de Ley de redistribución de competencias administrativas que, junto a las leyes mencionadas al inicio, forman parte del acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular y cuya voluntad de salir adelante ha sido recientemente ratificada en el pacto de presupuestos. Además de aprobar las cuentas, el acuerdo va a permitir acelerar el ritmo de consecución de objetivos que se fijó la coalición.
Y en este sentido se enmarcan las enmiendas que nuestros senadores han presentado en la Cámara alta para mejorar la Ley de bases de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Nuestro objetivo es reforzar la especificidad del modelo propio aragonés y dejar en manos de la Comunidad los criterios para una mayor optimización de los siempre limitados recursos públicos. No pedimos ningún privilegio distinto del que se ha reconocido a otros territorios con singularidades específicas de insularidad, foralidad o uniprovincialidad.
Además, planteamos la eterna cuestión de la necesaria mejora de la financiación de las haciendas locales, que ha demostrado ser insuficiente para atender los servicios públicos esenciales que demandan los vecinos a cualquier ayuntamiento.
La cultura -incluyendo su derecho-, la historia y el territorio conforman las mayores señas de identidad de un pueblo. De ahí también nuestro empeño en el reconocimiento de nuestra singularidad territorial.