Mediante una resolución de la asamblea legislativa catalana todas las fuerzas políticas regionales sin excepción -ya que no consta oposición expresa alguna- han invitado a la Generalidad de Cataluña a conculcar las resoluciones judiciales firmes y a retener, en contra de lo sostenido por estas, los bienes arrebatados de forma torticera, tanto a la parroquia como al monasterio de la localidad aragonesa de Villanueva de Sijena. Resoluciones que incluso han sido avaladas por el Tribunal Constitucional.
Cualquiera que conozca mínimamente la historia de las ideas políticas, y haya leído con cierta atención a tratadistas de la talla de E. Sabine, J. Touchard o K. Loewenstein, sabe de la trascendencia que para un sistema que se llame democrático tiene el principio de división de poderes, y el exquisito respeto que han de demostrar entre sí, especialmente por parte del poder Ejecutivo y Legislativo hacia el Judicial. Esta es una de las bases de un sistema de garantías en un Estado Democrático de Derecho como es el diseñado por la Constitución Española de 1978.
El Legislativo catalán se ha posicionado fuera de los postulados básicos de un Estado de estas características, e invita de forma expresa al Ejecutivo de Cataluña a cometer un presunto delito de prevaricación. Este posicionamiento es propio de los más abyectos regímenes fascistas o comunistas, y también característico de las repúblicas bananeras.
Frente a quienes predican un aragonesismo de salón que se recrea en la simple denuncia pero que nunca pasa a la acción se encuentra el Partido Aragonés. Llevamos años impulsando las actuaciones para la recuperación del patrimonio arrebatado a los aragoneses de forma activa y concreta. Desde que en 1999, año en que el alcalde aragonesista Ildefonso Salillas accediese a la alcaldía, se han venido sucediendo tanto en el ayuntamiento como en las Cortes de Aragón y ante los tribunales canónicos y civiles, cuantas iniciativas han sido necesarias para que pudiera retornar esa parte del patrimonio expoliado a los aragoneses. Fruto de esas actuaciones son los réditos que en forma de sentencias judiciales firmes se han conseguido en la actualidad y que ahora se niegan a cumplir, tanto la Asamblea como el Gobierno de Cataluña.
El día 25 de julio, festividad de Santiago apóstol, expira el plazo judicial para la devolución de las primeras piezas al municipio de Sijena de donde nunca debieron salir. De no cumplirse, instaremos a las Cortes de Aragón a que de modo formal inste asimismo al Gobierno de España a repetir la escena que ya se produjo el 19 de enero de 2006, cuando al trasladar los papeles del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca hubo que ampararlos a través de la fuerza pública camino de Cataluña.
Las sentencias judiciales una vez dictadas han de ser cumplidas. No sirve escudarse en motivos técnicos que entorpecen y frenan la salida mediante la solicitud de nuevos informes a los conservadores del Museo Nacional de Arte de Cataluña o del Museo Diocesano de Lérida.
Es deseable que los consistorios de Berbegal y Peralta de Alfocea, también afectados, sigan la ruta trazada desde el ayuntamiento sijenense y acudan a los Tribunales de Justicia con el fin de reclamar el legítimo derecho que les asiste para intentar recuperar la propiedad y la posesión de los bienes de sus parroquias.
Al concurrir a las pasadas elecciones del 26 de junio en coalición con el Partido Popular incluimos en el programa, de forma expresa, el acuerdo de trabajar conjuntamente para el retorno de los bienes que se encuentran ilegalmente fuera de Aragón. Me constan los esfuerzos del Partido Popular de Aragón y el compromiso del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en dicho empeño. Ya no es tiempo de tibiezas sino de clarificación política de los partidos que se hacen llamar constitucionalistas. Desde el PAR no cejaremos en el empeño de demandar que se cumplan los pactos firmados.