Desde mi toma de posesión como senador autonómico por el PAR en 2019 tengo muy presente el compromiso adquirido con Aragón, mi empeño y voluntad para impulsar y mejorar la Comunidad Autónoma desde Madrid.
Es importante que el Partido Aragonés esté representado para defender los intereses de los aragoneses que siguen siendo competencia estatal, y no es menos cierto que el Senado debería ser una verdadera Cámara de representación territorial. Queremos que sea competente para relanzar determinados proyectos territoriales. Mejor le iría a Aragón. En este sentido, impulsamos con otros partidos una moción cuyo objetivo se trasladó al Acuerdo de Investidura y Gobernabilidad para la X Legislatura en Aragón. Fue un trabajo PAR y hay que decirlo.
Durante estos años hemos hecho hincapié en cuestiones como la “ley Celaá” presentando 35 enmiendas de manera conjunta con los grupos que integran el mixto (con la excepción de VOX), o la convocatoria del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, y hemos presentado iniciativas en solitario y/o conjuntamente relacionadas con las infraestructuras de todo tipo. Pedí personalmente la mejora de los trenes regionales en Aragón y el mantenimiento de las líneas considerando la importancia que tienen para la vertebración territorial, la atracción de empresas, y como herramienta para luchar contra la despoblación. Igualmente los proyectos pendientes han constituido gran parte de mis intervenciones. La Travesía central Pirenaica (TCP) ha sido uno de ellos. Se aprobó una Moción por 223 votos a favor, 19 en contra y 14 abstenciones, por la que se instaba al Gobierno a recuperarla para conectar la Península con el resto de Europa mediante este eje. Igualmente, obras como la conversión en autovía de la carretera N-232 entre Zaragoza y Alcañiz y su prolongación hasta el Mediterráneo, que es imprescindible para el desarrollo del Bajo Aragón y de toda la provincia de Teruel. Y recientemente he solicitado plazos para la variante de Jaca, el Centro de Interpretación de la Trufa y la recuperación del Segre a su paso por Mequinenza.
Otro de los asuntos llevado a la Cámara en solitario y conjuntamente con los senadores de las tres formaciones políticas afectadas (PAR, PRC y UPN) es la limpieza del río Ebro y la falta de actuaciones. Cada vez son más frecuentes las inundaciones y hay que hacer algo, pero no se hace.
Me preocupa que se confunda conservación de la Naturaleza con no hacer nada. Y en el ambiente político de Madrid se confunde.
No es de recibo la angustia a la que están sometidos los habitantes de los municipios amenazados. Desde el PAR hemos trabajado siempre ofreciendo soluciones e incluso logrando en 2018 una partida económica de 10 millones de euros que se incluyeron en las cuentas del Estado para la prevención, limpieza, recuperación, mantenimiento y conservación de caminos y cauces. Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, las administraciones competentes, especialmente a Confederación Hidrográfica del Ebro, siguen sin actuar, cuando ni la normativa jurídica nacional ni mucho menos la transposición de la europea prohíben la limpieza de los ríos. Y la Estrategia Ebro Resilience, como supuesto mecanismo de colaboración para la gestión de acciones en el eje del Ebro, solo ha servido para justificar en Europa que se permite participar a los vecinos en la gestión de inundaciones. Pero la realidad no es esa, su única finalidad es la de justificar el gasto que supone recomponer infraestructuras deshechas a costa de todos los españoles cuando con un mantenimiento y limpieza del río periódicos, utilizando el sentido común y la lógica, el gasto sería menor.
Hace unos días PAR, PRC y UPN abordamos de nuevo el tema en Zaragoza.
Las tres formaciones reclamamos sensibilidad política y cumplimiento de compromisos al Gobierno de España, insistiendo en que los ayuntamientos pequeños carecen de capacidad económica para hacer frente a las actuaciones necesarias. Todos coincidimos en destacar la necesidad de colaborar para llegar a acuerdos como la modificación del artículo de la Ley del Plan Hidrológico Nacional que obliga a que sean los ayuntamientos los que tengan que realizar esas labores.
Tener miles y miles de hectáreas impracticables durante mucho tiempo después de las riadas únicamente conlleva abandono y despoblación, como advirtió durante la interterritorial el alcalde de Osera de Ebro, Enrique Gómez.