El Debate de política general sobre Aragón o Debate sobre el estado de la Comunidad, celebrado en las Cortes el pasado julio, constituyó una oportunidad para plantear balances y perspectivas que conviene recuperar y reafirmar en el inicio del nuevo y decisivo curso político.
El Partido Aragonés llevó a cabo una firme defensa de la lucha contra el desempleo y por el desarrollo de la Comunidad, de los programas y medidas sociales y del autogobierno. Son ejes fundamentales que, en una legislatura compleja, donde ha habido que garantizar la estabilidad mediante el Acuerdo de Gobernabilidad, han determinado la acción política del PAR y se mantienen.
Nuestro partido ha impulsado iniciativas para la puesta en marcha del Plan Impulso, con 15.000 empleos directos e indirectos; la creación del Fondo de Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente, que ha permitido disponer de más de 15 millones adicionales para políticas sociales, discapacidad, escuelas infantiles y escuela rural; el apoyo al territorio, con el Fondo de Desarrollo Territorial y Rural, las políticas de regadíos o en energías renovables; el avance decisivo en las obras del Pacto del Agua; la mejora de las inversiones del Estado a través de la Comisión Bilateral; el respeto a nuestro modelo de organización y entidades locales; la defensa del autogobierno de Aragón frente a imposiciones, recentralizaciones o exigencias de privilegios por parte de otras comunidades, poniendo en valor de los derechos históricos de Aragón y el acento sobre una financiación justa.
Hay que reconocer la necesidad de seguir impulsando más medidas que sirvan para el progreso de la Comunidad en todos los ámbitos, como merecen los aragoneses y el sacrificio realizado por la sociedad. En este sentido, las resoluciones promovidas por el PAR en el Debate marcan objetivos rotundos como el mantenimiento del Fondo de Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente y la dotación de partidas para el cumplimiento del Pacto Aragonés por la Infancia y del Ingreso Aragonés de Inserción, la vertebración del territorio, la igualdad de oportunidades en el medio rural, la oposición al trasvase, la ejecución de las obras del Pacto del Agua, las grandes infraestructuras viarias pendientes y prioritarias para Aragón, el impulso a la creación de empleo, el fomento del empleo joven, y la priorización de políticas de financiación a autónomos, PYMES, emprendedores y pequeño comercio, la potenciación de los sectores prioritarios de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, implementar los criterios de progresividad y bajar la presión fiscal, desplegar el Plan Energético de Aragón, la devolución de los bienes aragoneses retenidos en Cataluña, el desarrollo de la normativa de las áreas naturales de interés local y comarcal… Todas ellas, se unen a otras propuestas en trámite como la Ley de Aguas y Ríos o de Actualización de los Derechos Históricos y de Distribución de responsabilidades administrativas entre entidades locales aragonesas, o a posiciones dialogantes respecto a reformas políticas que deben profundizar en el autogobierno, en la representatividad y el pluralismo y credibilidad de las instituciones.