Arturo Aliaga. Presidente del Partido Aragonés (PAR) y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.
No se me ocurren otras palabras para describir la situación política nacional, que desbarajuste e incertidumbre. Esa es la sensación que percibo en la calle, mucho más acusada desde que se anunciara esa figura perversa del “relator” en la mesa de partidos de Cataluña. Y no me gusta.
Las negociaciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un “vis a vis” con los independentistas fueron inaceptables. Un grave error sin justificación posible. No se pueden establecer vías al margen de la Constitución para abordar asuntos que afectan al conjunto del Estado.
El 6 de febrero la ministra Calvo defendía la figura del “relator” y acusaba de falta de información a barones del PSOE y figuras de relevancia como Guerra o González. 48 horas después el Gobierno de Sánchez, que se vio acorralado por la sociedad y la opinión pública, daba marcha atrás y anunciaba -fruto del momento- que rompía el diálogo con los independentistas catalanes.
Conocemos cómo continúa el relato. Estamos sin presupuestos de 2019 y prorrogados los de 2018 con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y otras, las europeas, las municipales y las autonómicas a la vuelta de la otra esquina.
Tiene guasa que la aprobación o caída de los presupuestos de España pueda estar, como ha estado, en manos de los independentistas. Y que el adelanto electoral se haya producido consecuentemente por esta misma razón.
Solo existe un antecedente en la etapa democrática de convocatoria de comicios generales y municipales en el plazo de un mes. Suarez dispuso el 1 de marzo para la convocatoria de las elecciones generales de 1979 y el 3 de abril del mismo año para las municipales. Por aquel entonces se empezaba a conformar el bipartidismo de UCD y PSOE y posteriormente, más adelante, entre PSOE y PP hasta que se hiciera añicos en 2015 con la irrupción de otras fuerzas políticas.
Ahora, a punto de volver a las urnas, tras un gobierno que ha durado 8 meses, inmerso en una preocupante debilidad parlamentaria y con el conflicto catalán en “vivo y en directo”, los resultados del 28 de abril pueden “encallar”. Es probable que sean tan endiablados que haga falta la repetición de elecciones. Y eso no supone nada bueno sino descrédito e incertidumbre. Desorden político, además de multiplicar el enorme coste que suponen las convocatorias electorales a las arcas del Estado.
Mientras tanto están pendientes de ejecución gran parte de las enmiendas por valor de 137,6 millones de euros que el PAR consiguió que se incluyeran para Aragón en los PGE de 2018 ahora prorrogados, a pesar del voto en contra de los socialistas. Meses después, algunos de los problemas que, gracias al PAR, deberían estar resueltos reaparecen ahora, y otros nos caen a los aragoneses de propina como una losa. El EVA no sabemos si parará o no en Zaragoza y mucho menos en Calatayud. Por ejemplo.
El cierre de la central de Andorra parece inminente mientras no oficialice el Gobierno de Sánchez su negativa al cierre. Pero estamos en campaña y Sánchez se empeña en convencernos de que el fin del carbón tendrá “impacto cero” sobre la gente de las cuencas mineras y el empleo. A mí no me parece creíble. Se basa en inconcreciones sin garantías. Puro electoralismo. Sin embargo, puedo asegurar que nada me gustaría más que ver la realidad de sus promesas.
Para la reapertura del Canfranc logramos 15 millones de euros inversión que sigue sin ser ejecutada ¿Y la AP-2 para la que conseguimos otros 10 millones para fomentar la desviación del tráfico pesado entre Zaragoza y Fraga? ¿Y los otros 10 millones para la limpieza del Ebro? ¿Y el resto de partidas económicas hasta casi 140 millones para la A-68, la N-II, la N-260, la A-21, la A-23, la A-22, la A-40…?
El ministro de Fomento vino a Zaragoza y no resolvió. Lamenté su inconcreción en los desdoblamientos y que dejara en probabilidad que el tramo de la N-232 entre El Burgo y Fuentes se licite este año.
Hemos pedido a Lambán en las Cortes que solicite una Comisión Bilateral Aragón-Estado para impulsar la ejecución presupuestaria y comprometer junto con el Gobierno de España que el Ministerio de Hacienda autorice, al 100%, las partidas presupuestarias que afectan a Aragón.
Por cierto, los trenes “tamagotchi” son otro capítulo aparte. Teruel sin alta velocidad y sin servicio de trenes de larga distancia. Incomprensible y vergonzoso.