Existen en España dos grandes archivos históricos cuya importancia internacional nadie discute: el Archivo de Indias, sito en Sevilla, y el de la Corona de Aragón (ACA), que fue el de la Casa Real de Aragón desde que Jaime II fijó su sede en Barcelona, en 1318. Se guardan en él cientos de miles de documentos, acumulados y organizados durante mil años; los primeros datan del siglo IX. A su interés internacional y nacional, para Aragón se añade la circunstancia de que el Archivo del Reino, que estaba en Zaragoza, pereció, como consecuencia del incendio causado por un bombardeo napoleónico en enero de 1809. Es, por tanto, doblemente precioso para los aragoneses.
Con ocasión del pacto de coalición firmado para concurrir juntos a las elecciones generales, el Partido Aragonés comprometió al Partido Popular nacional y al propio presidente Rajoy, con algunas cuestiones capitales relativas a la identidad de nuestra tierra y a nuestro desarrollo presente y futuro. Me referiré tan solo en este espacio a las que han marcado la actualidad de los últimos días: la rotunda negativa al trasvase, la financiación autonómica -traída a colación del famoso cupo vasco- y, por descontado, lo relativo al Archivo de la Corona de Aragón, cuyo futuro nos preocupa.
El próximo año se cumplen siete siglos de su creación y es un momento propicio para reivindicar la importancia de Aragón en la conformación de España. Desde el Partido Aragonés hemos reclamado al Gobierno que, como titular del Archivo, garantice la igualdad de las cuatro comunidades españolas de la antigua Corona presentes en el Patronato del ACA, que no se ha reunido desde el momento de su constitución, en 2007, a fin de asegurar su funcionamiento, y la conservación y gestión conjunta de los fondos que para eso se creó.
La respuesta que el Gobierno nos ha dado en el Senado no puede sino inquietar a los aragoneses porque, pese a su responsabilidad, reconoce que «las dificultades planteadas por Cataluña» están afectando a la convocatoria y a la participación de Aragón, Valencia y Baleares en el Patronato del ACA pese a ser «un órgano básico para el funcionamiento del Archivo y para articular la colaboración y las relaciones entre las administraciones implicadas en su adecuado funcionamiento». Junto a lo anterior, el Gobierno reconoce tener «voluntad de encontrar una solución que considere la reivindicación de la Generalidad de Cataluña sobre fondos propios y exclusivos».
A la vista del resultado de procesos similares, como el Archivo de Salamanca; y de la afición de la Generalidad de Cataluña a apropiarse de lo suyo y de lo ajeno, -qué decir de Sijena- no podemos sino preocuparnos por la solución que baraja el Gobierno para dar salida a la reivindicación catalana; el inventario exacto de fondos «propios y exclusivos» cuya segregación, según parece, se valora como más que posible, pues es incuestionable la indivisibilidad del Archivo sobre la base del antiguo Archivo Real; e instar la convocatoria del Patronato para garantizar su funcionamiento normalizado que es a quien, dicho sea de paso, corresponde determinar cuestiones de este calado por imperativo legal, y no al Gobierno.
Ningún aragonés debe permanecer ajeno o pasivo a los procesos que afectan a nuestra identidad colectiva. Nosotros estaremos vigilantes.