Fraga, 17 de mayo de 2017.- El Comité municipal de Fraga del Partido Aragonés (PAR) ha denunciado públicamente la gestión del proceso de escolarización en la localidad, efectuada por el departamento de Educación de la DGA, que “lleva camino de perjudicar a colegios y familias fragatinos, si no se produce una inmediata rectificación que aún es posible y depende de la voluntad del presidente del gobierno y de la consejera”.
Según señala el PAR de Fraga, “el cierre decidido sin precedente, por orden ejecutiva y sin concluir el proceso, de una de sus dos aulas de primer curso del segundo ciclo de educación Infantil en el colegio concertado Santa Ana, ha introducido una distorsión muy grave. En cursos anteriores, este centro acogía sin problemas a los niños que no obtenían plaza en los centros públicos por exceso de solicitudes y tras el correspondiente sorteo, cuando sus familias señalaban al Santa Ana como segunda o tercera opción. Se trataba de un ejemplo de la complementariedad y convivencia de las redes pública y concertada que la sociedad fragatina y aragonesa ha mantenido durante décadas. Sin embargo, con la clausura de esa segunda vía y al estar completa prácticamente la primera en el colegio concertado, este año no podrá ser así”.
El comité del PAR fragatino indica que “la alternativa que trata de poner en marcha Educación es abrir una nueva línea en el colegio público María Moliner que sólo ofertaba un aula, pero ese incremento repentino de alumnos se encuentra con una falta de espacio e infraestructura que dificulta esa posibilidad y cuya solución idónea es compleja y no puede ser improvisada. Este centro ha recibido más solicitudes que plazas ofertadas inicialmente pero, sin explicar las razones, se ha descartado el sorteo ni acudir a la segunda elección de colegio por parte de las familias, como en otras oportunidades, quizá sabiendo que el colegio público Miguel Servet, donde sobran plazas, no sería el señalado por las familias, aunque Educación oculta qué centro han pedido subsidiariamente los padres y madres. Por nuestra parte, respetamos enormemente la decisión que las familias hayan tomado, pero también estamos seguros que su objetivo es que sus hijos se eduquen en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, las consecuencias potenciales y la salida definitiva a toda esta situación forzada están aún por determinar, de manera que cabría corregir las decisiones tomadas y resolver de acuerdo con las familias y los colegios de Fraga”.
El Partido Aragonés de Fraga recuerda también que el colegio Santa Ana ha sido incorporado a la orden negativa de renovación de conciertos en su versión definitiva sin que apareciera en la primera disposición publicada, frenada por los tribunales, que sólo afectaba a centros de Zaragoza. “Es comprensible -añade el PAR de Fraga- deducir que se trata de un cierre que sirve de moneda de cambio para que el Gobierno PSOE-CHA con apoyo de IU, pueda incrementar el volumen de su ataque a la enseñanza concertada y tratar de contentar así a sus aliados de Podemos, una vez que se ha visto obligado a retroceder en buena medida en Zaragoza. Con la vía del Santa Ana, pretenden sumar una más para satisfacer a Podemos, cueste lo que cueste y aunque causen daño, rompiendo con la convivencia, la libertad y buena organización de un servicio público esencial como es la Enseñanza. En suma, esta actuación del presidente, la consejera y el gobierno se debe únicamente a motivos e intereses políticos que tendrían que someter al interés general de la sociedad. La responsabilidad es tanto de quien plantea exigencias (Podemos) bloqueando presupuestos como de quienes las aceptan y hacen suyas”.
Finalmente, el comité fragatino del PAR resalta que “junto a todo ello, se está actuando con plena imprevisión de cara a próximos cursos. Fraga tiene la esperanza y expectativa, que ojalá de cumpla, de un crecimiento derivado, por ejemplo, de la implantación de empresas en su suelo industrial, por lo que en años venideros, tras haber suprimido un aula completa, se puede llegar a circunstancias de falta de plazas escolares ofertadas o a la obligación de realizar nuevas inversiones en ampliaciones de centros, desaprovechando por razones sólo políticas, infraestructuras y servicios educativos ya existentes”.