Huesca, 23 de febrero de 2017.- El Comité municipal de Huesca del Partido Aragonés (PAR) ha solicitado públicamente al ayuntamiento de la ciudad que “analice las consecuencias y opciones de futuro ante la previsible anulación y reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana” (IIVTNU), más conocido como el impuesto municipal de plusvalías y así mismo que informe a los oscenses sobre sus derechos.
Una reciente sentencia del Tribunal constitucional ha declarado contraria a la Constitución parte de la regulación de este tributo en la Hacienda foral de Guipúzcoa, que es idéntica a la Ley estatal de Haciendas locales, en que se basan las ordenanzas de los ayuntamientos como el de Huesca. En concreto, la sentencia niega que pueda aplicarse la norma fiscal en todos los casos, incluso cuando no se ha producido realmente ese incremento del valor. Las ‘plusvalías’ están siendo gravadas en la transmisión por herencia, donación… y especialmente compraventa de los bienes inmuebles urbanos como pisos o locales, además de solares.
“Por un lado, los efectos de esa anulación -indica el PAR de Huesca- serían severos sobre las arcas municipales, en cuyos presupuestos del año pasado (últimos publicados en la web municipal de supuesta transparencia), por ejemplo, se preveía una recaudación directa por ese impuesto de 820.000 euros, cuya continuidad está en duda”.
Aparte de la cantidad de ingresos comprometida, el comité de Huesca del Partido Aragonés señala que “el ayuntamiento debe informar a los oscenses, vecinos y empresas, sobre sus potenciales derechos de reclamación, en el caso de quienes hayan contribuido con el pago de ese impuesto en unas condiciones por las que pudieran incluso obtener una devolución, tal como ya reconocían los tribunales ante los recursos en muchos municipios y ahora ha confirmado definitivamente el Constitucional”.
El PAR de Huesca explica que la ordenanza fiscal número 3 del ayuntamiento de la capital altoaragonesa, que establece este tributo, “ya fija desde hace años numerosas exenciones y bonificaciones. Sin embargo, el actual gobierno tripartito decidió modificar esas bonificaciones que en el pasado mandato eran del 95 por ciento para las herencias de vivienda habitual. El tripartito recortó esa disposición favorable a todos los contribuyentes y determinó tramos de pago de hasta el 50 por ciento para aumentar la recaudación que ahora puede verse en problemas”.
Junto a ello, el comité del Partido Aragonés considera “que en determinados casos, la última revisión catastral en Huesca también ha jugado en contra de ‘sujeto pasivo’, los vecinos y empresas de Huesca, porque el impuesto se calcula sobre el tiempo de propiedad y también sobre valor catastral que en nuestro municipio ha sido actualizado al alza a solicitud del ayuntamiento. Sin embargo, ese valor de catastro no responde al valor real de mercado de los pisos y locales que, a consecuencia de la crisis de la ‘burbuja inmobiliaria’, han disminuido su precio por lo que en lugar de plusvalía ha habido minusvalía. Familias y entidades han tenido que tributar al ayuntamiento como si hubieran obtenido un beneficio, sin que se determinara procedimiento o posibilidad alguna de demostrar lo contrario”.
“Toda esta situación y perspectivas –concluye el PAR de Huesca- debe motivar una reacción previsora y transparente del ayuntamiento de la ciudad, respecto a unas circunstancias acerca de las cuales, no se debe esperar a los cambios en la legislación estatal para muchas de las actuaciones factibles a favor de los oscenses sobre un impuesto injusto, como han dictado los tribunales”.