El Grupo Parlamentario Aragonés presenta 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública ya que, según la diputada Elena Allué, «no soluciona los problemas excepcionales de corrupción que se puedan dar en Aragón». Además, Allué considera que la propuesta que plantea el Gobierno de Aragón es cara y de legalidad cuestionable, no resuelve la corrupción y, entre otras cuestiones, vulnera los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución, aumenta la burocracia, duplica organismos y trámites, y quiebra el principio de división de poderes. El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés presenta 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Integridad y Ética pública con el objetivo de poder «perfeccionar un proyecto de Ley que tienda realmente a erradicar la falta de integridad y ética pública» y plantea que la integridad y Ética pública sea asumida por el Justicia y se cree un Consejo de Protección de la Integridad y Ética pública con una participación real de los actores implicados.
El PAR pide también que se supriman los Lobbies «ya que en aquellas Comunidades Autónomas que lo están aplicando no funcionan». Sorprende sobremanera, dice Allué, que en el artículo 26 del Proyecto se consideren «lobistas a los Colegios Profesionales y organizaciones religiosas». Elena Allué considera que «atenta contra la intimidad obligar a las entidades o particulares a difundir sus deliberaciones de cualquier índole por el mero hecho de que la norma los clasifique como lobistas».
En cuanto al Régimen sancionador la diputada del PAR explica que debería rehacerse al establecer infracciones genéricas e indeterminadas «lo que es contrario al principio de tipicidad. No hay una distinción clara entre las infracciones graves y muy graves. No distingue entre órgano sancionador y órgano instructor. No distingue entre cargos electos y cargos de libre designación. Y el régimen sancionador no casa con la gravedad de los hechos que se relatan en la Exposición de motivos».
Por otra parte, en la Disposición adicional sexta, aclara Allué, «se blinda» a los directivos de empresas públicas del actual Gobierno PSOE-CHA por imposibilitar su despido sólo por cambio de Gobierno. El Grupo Parlamentario aragonés propone sustituir el apartado 2.c) de la Disposición adicional sexta por «El personal directivo cesará inmediatamente en el momento que lo haga el Gobierno saliente».
Disposiciones Finales para la modificación de otras leyes
Elena Allué muestra su desacuerdo con que el Proyecto de Ley, «utilice las Disposiciones Finales para modificar Leyes tan importantes como la de Urbanismo o Contratos con la administración pública y que no aporta Memoria económica ni específica los recursos no sólo económicos sino también materiales y humanos que van a costarle a la administración aragonesa». Y valora que «la norma debería ser fruto de una previa participación popular de los agentes sociales plurales y libres, establecer nuevas formas de designación democrática y participativa de quienes deben evaluar sin miedos ni dependencias los avances o parálisis de esta ley».
La propuesta que plantea el Gobierno es cara y de legalidad cuestionable
La diputada del PAR encargada de defender las enmiendas, cuyo plazo acaba hoy, Elena Allué, valora que la propuesta que plantea el Gobierno de Aragón es cara y de legalidad cuestionable. Además «no resuelve la corrupción».
Allué cuestiona que «pretenda suplantar funciones encomendadas a fiscales y jueces en nuestro ordenamiento creando un comisariado político que es más propio de épocas que deberíamos superar, que viole el derecho a la intimidad y rebase los límites de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La diputada del PAR advierte de que también vulnera los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución española en las personas que sirven lo público, aumenta la burocracia, duplica organismos y trámites, y quiebra el principio de división de poderes».
Allué manifiesta que el Grupo Parlamentario Aragonés no ve necesario crear la Agencia de Integridad y Ética pública ya que resulta cara, no resuelve la corrupción y suplanta la labor de jueces y fiscales y de las propias Cortes de Aragón «lo que nos parece un asunto grave» «La Agencia resulta ser un órgano con una preocupante obsesión por el control político y supone una dotación de personal, presupuesto y cargas absolutamente innecesario en tiempos que son más propicios para adelgazar la administración que no para ampliarla de manera innecesaria e ineficiente».
Allué subraya que la transparencia, participación y ética pública se recoge en la Ley de Transparencia de Aragón «que debería ser cumplida y desarrollada hasta sus máximas posibilidades, siendo la ética un asunto que debería asumirse de manera transversal e inculcarse desde el rigor educativo, en la familia y en la escuela, hecho que este Proyecto de Ley no aborda».
En cuanto a la corrupción, Elena Allué indica que es uno de los principales asuntos que preocupan a los aragoneses y que «este Proyecto de Ley no es ambicioso ni soluciona los problemas excepcionales de corrupción que se puedan dar en Aragón ya que no regula en la Ley un apartado ambicioso sobre el papel de las empresas privadas en su relación con el Gobierno de Aragón y además la Agencia supondrá un aumento del gasto público con muy difícil encaje entre Gobierno y las Cortes de Aragón, por lo que va a generar más problemas que soluciones».