El Partido Aragonés exige al Gobierno de Aragón que recupere las ayudas a inversiones para todos los ayuntamientos aragoneses con espacios naturales protegidos, después de que decenas de ellos hayan sido excluidos o perjudicados en la convocatoria de este año. El PAR reclama también una modificación de los criterios de la concesión de subvenciones con base en conceptos objetivos como la superficie que cada municipio aporta a las zonas preservadas. Así consta en una iniciativa parlamentaria de la diputada Lucía Guillén, portavoz del PAR en las Cortes de Aragón en materia de Desarrollo rural, que señala la discriminación a los vecinos de esos municipios afectados por las decisiones del Gobierno PSOE-CHA en este asunto. La propuesta, que será debatida próximamente, está avalada por la aprobación unánime del pleno de la Diputación de Huesca en una resolución sobre esta misma cuestión, a instancias del PAR. El Grupo Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, a través de la diputada por Huesca, Lucía Guillén, ha presentado una proposición no de Ley a fin de que el parlamento inste al Gobierno de Aragón a «modificar su convocatoria de subvenciones para ayuntamientos en materia de servicios básicos y renovación de poblaciones en áreas de influencia socioeconómica de espacios naturales protegidos, de forma que se incluya y en las mismas condiciones a los municipios que han tenido derecho a esas ayudas en años anteriores o, en su caso, a que proceda a una convocatoria complementaria con ese mismo objetivo.» Además, el PAR plantea que la DGA sustituya en 2017, «el actual modelo de subvención a los municipios, por un sistema de compensaciones económicas, basado en las restricciones que soportan los municipios por el hecho de formar parte de los espacios protegidos. Estas compensaciones se calcularán en base a la superficie que aporta cada municipio al espacio protegido. Los ayuntamientos deberán acreditar que las compensaciones van destinadas a inversiones de creación y/o mejora de las infraestructuras y servicios que cada ayuntamiento estime como prioritarios en su término municipal, debiendo justificar que esas inversiones son compatibles con los usos permitidos en el espacio protegido correspondiente.»
Esta iniciativa guarda relación con la exclusión o recorte este año para decenas de municipios aragoneses, de la posibilidad de acceder a esas ayudas que estaban destinadas a «mejora de infraestructuras en núcleos urbanos de poblaciones rurales, caminos y pistas, alumbrado público, abastecimiento de agua y saneamiento municipal, medio ambiente, eficiencia energética, telecomunicaciones, accesibilidad, turismo… y durante años, han revestido gran trascendencia para que los ayuntamientos afrontaran actuaciones demandadas por sus vecinos. Junto a ello, constituían una aportación coherente con el respaldo que necesitan muchas poblaciones y administraciones locales del medio rural, en particular aquellas de especiales características por su ubicación y las limitaciones que pueden suponer las figuras de protección natural», como señala la proposición del Partido Aragonés.
En concreto, el gobierno ha procedido a «la exclusión absoluta de la posibilidad de solicitar dichas ayudas, de los municipios en cuyo término se sitúan las reservas nacionales de caza y los refugios de la fauna silvestre, que en todos los ejercicios previos tenían derecho a subvenciones, de acuerdo con su participación en las áreas de influencia de estas figuras de protección de la naturaleza». En Aragón, esta decisión afecta a Beceite, Belchite, Biescas, Bronchales, Calomarde, Canfranc, Castiello de Jaca, Frías de Albarracín, Griegos, Guadalaviar, Hoz de Jaca, Los Fayos, Monterde de Albarracín, Noguera, Orihuela del Tremedal, Royuela, Sariñena, Torres de Albarracín, Tramacastilla, Villanúa, Villar del Cobo y Yésero, que «no figuran en la convocatoria de 2016 y por tanto, no podrán recibir el apoyo del Gobierno de Aragón para la cofinanciación de determinadas actuaciones».
Según Lucía Guillén, portavoz del PAR en Desarrollo rural, «un efecto quizá llamativo de esta situación se produce cuando el ayuntamiento de Zaragoza tiene acceso a estas ayudas por espacios protegidos pero Beceite, Belchite o Biescas, por indicar algunos ejemplos, no cuentan con opción alguna».
Junto a ello, «la eliminación de las citadas reservas y refugios afecta también a otros Ayuntamientos, ya que la superficie incluida en espacios protegidos es el criterio de mayor importancia a la hora de decidir las cantidades económicas concretas que se recibirá». Esta reducción afecta en todo Aragón a Aísa, Albarracín, Benasque, Bielsa, Ejulve, Gistaín, Jaca, Panticosa, Sallent de Gállego, Tarazona, Tella-Sin, Torla-Ordesa y Valle de Echo.
«Con todo ello -añade Guillén-, no tiene sentido las argumentaciones del gobierno respecto a nuevos criterios de concesión de ayudas cuando hay ayuntamientos que ni siquiera pueden solicitarlas y otros se encuentran en inferioridad de condiciones. Se trata de una discriminación a los vecinos de esos municipios afectados por las decisiones del Gobierno PSOE-CHA en este asunto. Así se ha entendido en otras instituciones donde, independientemente del color político de los representantes democráticos que las integran, se ha planteado la misma petición que ahora llevamos a las Cortes». La propuesta del Partido Aragonés, que será debatida próximamente, está avalada por la aprobación unánime del pleno de la Diputación de Huesca en una resolución sobre esta misma cuestión, a instancias del PAR.