El Grupo aragonés (PAR) ha presentado una propuesta de resolución al pleno de la DPH para instar al Gobierno de Aragón a que la creación o ampliación de espacios naturales protegidos sea condicionada a disponer del consenso y aceptación de los habitantes y entidades de los municipios afectados, así como del presupuesto preciso para compensar las restricciones y promover el desarrollo de esas zonas. El PAR señala los actuales recortes económicos en esa promoción y la necesidad de acuerdo ante la intención de crear un amplio espacio natural transfronterizo en los Pirineos, con nuevas zonas protegidas. El Grupo aragonés (PAR) en la Diputación de Huesca (DPH) defenderá en el próximo pleno de la institución provincial, una propuesta de resolución en la que plantea que la DPH inste al Gobierno de Aragón para que «cualquier ampliación o creación de espacios naturales protegidos cuente con el consenso social de la población de los territorios afectados y con la consiguiente aportación presupuestaria suficiente en compensación y respaldo al desarrollo socioeconómico de los municipios implicados».
Esta iniciativa del PAR tiene carácter general aunque está directamente vinculada a la intención, expuesta en distintos foros, de constituir un Espacio natural transfronterizo en los Pirineos, que supondría nuevas zonas protegidas en distintos valles de diferentes comarcas, mediante la ampliación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y del Parque Natural Posets-Maladeta, la creación de un espacio protegido en el Anayet y el trazado de corredores ecológicos en otros lugares, según se explica en la motivación de la propuesta aragonesista en la DPH, aunque a día de hoy ya «aproximadamente el 60% del territorio pirenaico en Aragón está ya en la Red Natura 2000».
Este planteamiento de espacio transfronterizo coincide, como explica el PAR, «con las actuales disminuciones de las ayudas directas a entidades locales, particulares y asociaciones en los municipios con espacios naturales protegidos, reducción de gastos con cierre de algunos servicios y el descenso en un 25 por ciento del presupuesto del Parque Nacional de Ordesa Monte Perdido, además de dudas respecto a la contratación del personal de temporada para tareas en esas zonas.» Es decir, recortes en «las compensaciones y promoción de desarrollo para los habitantes y territorios afectados», a pesar de que el nuevo espacio internacional requeriría suplementariamente «una inversión anual de unos diez millones de euros al año, el doble del presupuesto anual de 2016 para todas las zonas protegidas de Aragón».
Junto a ello, valorando que «la riqueza natural y paisajística del Alto Aragón es uno de los grandes patrimonios compartidos de nuestras comarcas», el Grupo aragonés entiende que se debe tener en cuenta opciones alternativas así como «el estudio detallado de los efectos de esta ampliación sobre las actividades y proyectos locales» y especialmente «el consenso y aceptación de los agentes locales, como condición para las ampliaciones o creaciones importantes de figuras de preservación sobre el territorio», ya que «indudablemente, la participación e implicación de la sociedad de cada zona resulta precisa para el éxito en todos los aspectos de una acción de protección ambiental y por ello, algunas han quedado en suspenso.»
Para el PAR, «el Alto Aragón tiene definido desde hace décadas ese reto de coordinar la imprescindible protección de la naturaleza en los territorios de especial valor ambiental en equilibrio con la humanización y asentamiento de la población frente a la amenaza de la desertificación» y sólo es posible contando con el acuerdo, el «reconocimiento y compensación por las afecciones generadas y un apoyo y oportunidad de desarrollo sostenible y compatible, para los ayuntamientos, las empresas y las familias de los municipios implicados, sin que las restricciones obstaculicen definitivamente la permanencia de la población, sus proyectos de presente y futuro».