La diputada del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, Elena Allué, defenderá ante el Pleno de la Cámara una propuesta del PAR que insta al Gobierno de Aragón PSOE-CHA a actualizar «cuanto antes» la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón -esta Comunidad Autónoma es la única que todavía no la ha adaptado- para ajustarla a la nueva Ley aprobada por el Congreso de los Diputados hace un año que «mejora la protección del menor y se centra en los colectivos más vulnerables». La diputada del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, ha presentado en las Cortes de Aragón una proposición no de ley que defenderá en el Pleno de la Cámara para adaptar la normativa autonómica de la Ley nacional de protección de la Infancia y Adolescencia que «configura un nuevo marco en el que prevalece el interés del menor y en el que se refuerzan sus derechos y su protección ante malos tratos, violencia de género o abusos sexuales». El Congreso de los Diputados, recuerda, aprobó el pasado 16 de Julio de 2015 la nueva Ley que supone un fortalecimiento de la protección de los menores en todos los órdenes, centrándose en los colectivos más vulnerables.
Con todo y así las cosas, Elena Allue destaca que esta nueva Ley, que ha sido aplaudida por la Plataforma Nacional de Infancia, debe ser el marco normativo de la nueva y actuación en Aragón «nuestra Comunidad debe adaptar su normas a esta nueva Ley». «Ha pasado ya un año desde su aprobación y se hace urgente que los servicios jurídicos del IASS y de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales se pongan manos a la obra para adaptar la Ley de Infancia y adolescencia de Aragón del año 2001 y ya completamente obsoleta». Están en juego, recalca, «aspectos tan importantes como la adopción, los acogimientos o un aumento de su protección en violencia de género. Somos la única Comunidad autónoma de España que no la ha adaptado».
Elena Allué explica que «esta reforma responde mejor a los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del niño, modifica el sistema actual de adopciones, la regulación de los centros de menores de edad con trastornos de conducta, el papel de los niños y niñas en los procedimientos judiciales o su protección frente a situaciones de violencia de género».
Por eso la propuesta del PAR insta a la DGA a actualizarla para «mejorar el sistema de atención y protección de los menores en la Comunidad aragonesa». Insta a la DGA de la misma manera a a revisar los reglamentos de medidas de protección de los menores en riesgo y desamparo en Aragón para ajustar los procedimientos y garantizar las medidas estables frente a las temporales; las familiares frente a las residenciales, y las consensuadas frente a las impuestas. Y además a potenciar una red de apoyo familiar al sistema de protección a través de familias acogedoras, impulsando su captación así como su selección y formación.
Antecedentes
Elena Allué señala que «esta Ley» supone «un fortalecimiento de la protección de los menores en todos los órdenes, ya que prevalece su interés superior de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas al respecto». Se centra, indica la diputada, en colectivos de menores «más vulnerables, como , que tendrán derecho a todas las prestaciones sociales en las mismas condiciones que los menores españoles; o menores con discapacidad, a los que se les garantizará la accesibilidad a todos los entornos y el acceso a centros educativos, al igual que la continuidad de pautas de apoyo especializado».
Soluciones familiares
Para el PAR uno de los principales valores de la nueva Ley es «la priorización de las soluciones familiares», consideradas «las más aptas» para la formación y desarrollo del menor. Por ello, subraya Allué, se apuesta «firmemente en el proyecto por el acogimiento familiar, cuyos trámites se agilizan, del mismo modo que se aceleran los pasos de los procesos de adopción, que incluye figuras novedosas como la adopción abierta o el derecho del menor a conocer sus orígenes. Ésta última se traslada también a los casos de acogimiento». En esta línea, aparece otra de las novedades de la Ley, explica, y es «la promoción de modelos de acogimiento residencial compuestos por núcleos reducidos de menores con la finalidad de que la convivencia sea lo más parecida posible a la de un contexto familiar».