El Partido Aragonés del Alto Aragón ha solicitado públicamente a los ayuntamientos afectados y otras entidades perjudicadas de la Jacetania, Alto Gállego y Sobrarbe, que presenten alegaciones al proyecto de plan de conservación de la rana pirenaica, planteado por el Gobierno de Aragón. Según el PAR, las medidas con enfoque radical y prohibitivo impedirán el barranquismo, otras actividades turísticas e iniciativas en amplias zonas que actualmente aprovechan o conviven respetuosamente con la naturaleza. El PAR, que denuncia la ampliación de restricciones y el recorte de ayudas, defiende la compatibilidad del desarrollo y empleo con la protección de la especie y prepara acciones en ese sentido. El Partido Aragonés del Alto Aragón ha llamado a «los ayuntamientos afectados y a los representantes de las entidades y empresas perjudicadas» a presentar alegaciones ante el proyecto de protección y plan de conservación del hábitat de la rana pirenaica que ha planteado el Gobierno de Aragón, «ya que el carácter radical, restrictivo y prohibitivo de las medidas que incluye puede suponer el final del barranquismo y de otras actividades vinculadas al turismo activo en casi medio Pirineo de Huesca, además de tener consecuencias en diversas iniciativas, con los consiguientes efectos negativos para el importante sector, la oferta a los visitantes, el empleo y las oportunidades en una amplia zona».
En estas semanas, el Departamento de Desarrollo rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha sometido a la consideración de entidades como los ayuntamientos cuyo municipio está ‘incluido en el ámbito geográfico de aplicación del Plan’, un ‘Proyecto de Decreto por el que se establece un régimen de protección para la rana pirenaica (Rana pyrenaica) y se aprueba su Plan de conservación del hábitat’, como ‘como paso previo al trámite de información pública’. Los ayuntamientos tienen un mes para alegar, hasta mediados de noviembre.
Las medidas que señala este borrador indican, por ejemplo, que ‘en las áreas críticas para la especie’ ‘queda prohibido el barranquismo durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio’ y que ‘durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de enero, las empresas de turismo activo que desarrollen actividades de barranquismo, deberán contar con la autorización expresa’. Según el PAR, «meses esenciales de la temporada y barrancos muy reconocidos estarán en el periodo y espacio de prohibición absoluta». Además, como indica el proyecto de la DGA, ‘el Consejero competente en materia de medio ambiente, mediante orden, podrá limitar o prohibir temporalmente y de forma motivada la realización de actividades recreativas, turísticas y deportivas’.
La zona determinada por este plan de protección incluye numerosos barrancos de los municipios de Ansó, Fago, Valle de Hecho y Villanúa, en la comarca de la Jacetania; de Biescas, Hoz de Jaca, Panticosa, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Yebra de Basa y Yésero, en Alto Gállego; y de Broto, Fanlo, Fiscal, Laspuña, Puértolas, Tella-Sin y Torla-Ordesa, en Sobrarbe. El PAR explica que «en muchos o en casi todos de esos municipios, la oferta de ocio activo y deporte de aventura sitúa itinerarios de barranquismo con alto interés turístico, recorridos durante cada temporada por grupos de visitantes, como son las Gloces, Os Lucas, entorno de Zuriza, Gorgol, Furco… que estarán prohibidos si no se remedia antes».
El Partido Aragonés también apunta que el borrador del plan «puede afectar a otras actividades de todo tipo. En concreto, se desconoce el alcance final sobre la pesca deportiva y turística aunque sí prohíbe todo tipo de repoblaciones piscícolas, incluidas las de trucha autóctona, de manera que puede ponerla en cuestión». Así mismo, el proyecto de decreto determina que ‘deberán someterse al procedimiento de evaluación de zonas ambientalmente sensibles los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad’, «por lo que -según el PAR- habrá iniciativas que cuenten con restricciones añadidas». Junto a ello, las medidas fijan que ‘todos aquellos proyectos que impliquen nuevas detracciones de caudales o canalizaciones de sus hábitats serán informadas negativamente por el órgano competente’.
«Por añadidura -denuncia el PAR del Alto Aragón-, se da la contradicción flagrante de que buena parte de esos ayuntamientos afectados están ya negativamente discriminados por su exclusión o reducción de hectáreas protegidas que el Gobierno de Aragón ha ordenado unilateralmente en su convocatoria de subvenciones para las áreas de influencia socioeconómica de espacios naturales protegidos, de manera que no tienen derecho a las ayudas de la DGA o cuentan con menos opciones de acceder a las mismas y en una cantidad recortada respecto a años anteriores. Es decir, la política del actual Gobierno de Aragón se orienta a sumar restricciones y, a la vez, a restar apoyo para el desarrollo de esas zonas y el bienestar y oportunidades de sus habitantes».
En consecuencia, el PAR del Alto Aragón anuncia la presentación de alegaciones por parte de los ayuntamientos con alcalde aragonesista, además de iniciativas en las instituciones «para tratar de modificar las previsiones del decreto anunciado por el Gobierno de Aragón, de manera que sean compatibles las medidas de conservación de esta especie de rana, con el impulso a la economía y empleo local que supone el aprovechamiento respetuoso de la naturaleza o las actuaciones de interés público en convivencia humanizada con el medio ambiente».