El Partido Aragonés ha presentado en la Diputación de Huesca una propuesta de resolución en la que plantea que la DPH reclame al Gobierno de Aragón, para el próximo año, una rebaja o eliminación de los impuestos autonómicos que fueron creados e incrementados por la DGA en 2016 y han gravado las economías de las empresas y familias aragonesas. La iniciativa del PAR se refiere a reducciones en el IRPF o Sucesiones, incorporar la progresividad en el tributo de Transmisiones patrimoniales, la derogación de los impuestos al cable (estaciones de esquí) y a los hidrocarburos o exenciones en los gravámenes ambientales a empresas como HINE de Monzón. Para el PAR, la subida de impuestos no ha supuesto ni una mejora de las cuentas públicas, ni de las inversiones o determinadas políticas sociales, mientras ha significado un lastre para las economías familiares o empresariales y para la recuperación y generación de empleo que sí generarían mayor recaudación. El Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de Huesca ha presentado una iniciativa, que será debatida en el pleno de la institución de este jueves, en la que plantea instar al Gobierno de Aragón para que, a los efectos del ejercicio de 2017, disminuya su presión fiscal sobre las empresas y familias aragonesas y con ese fin, rebaje, suprima o incluya criterios de progresividad así como exenciones, en los impuestos que la DGA ha creado y ha incrementado en este año.
La propuesta del Partido Aragonés se refiere a la amplia batería de tributos «puesta en marcha por la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón» que ha supuesto una «subida generalizada de los impuestos en Aragón» y «situar a los aragoneses, en términos relativos, entre los españoles que más impuestos pagan», como ha explicado el portavoz del Grupo Aragonés, Joaquín Serrano. El PAR argumenta que «este incremento de la presión fiscal supone un lastre para las economías familiares y empresariales, así como para la recuperación económica y del empleo, al tiempo que no se ha visto correspondido ni por un aumento de la inversión, especialmente en sectores productivos, ni por el control del déficit público, ni tampoco por una mejora sustancial en la gestión de los plazos de pago a proveedores o de subvenciones y ayudas, ni en las aportaciones en tiempo y forma a las importantes políticas sociales que desarrollan las comarcas y otras entidades, mientras se ha acudido al Fondo de Liquidez Autonómica.»
Para el Partido Aragonés, existe otro modelo y otra opción política y de gestión por la que «el incremento de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Aragón para mantener y mejorar los servicios públicos debe producirse a través de políticas de apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, que aseguran una mayor recaudación por diversos conceptos impositivos», en lugar de aplicar una fuerte subida que «a veces, supone una injusticia para la generalidad de los ciudadanos y para algunos sectores en particular».
El PAR recuerda que la DPH y otras instituciones ya se han posicionado contra el Impuesto sobre Instalaciones de Transporte por Cable y que en otros casos, como el Ayuntamiento de Monzón, han pedido exenciones a los impuestos medioambientales. En consecuencia «transcurrida buena parte del ejercicio de 2016, es posible comprobar efectos concretos» y formular este planteamiento de rebaja de la presión fiscal para el «el venidero debate sobre techo de gasto, medidas fiscales y tributarias y presupuestos de 2017».
La propuesta del Partido Aragonés precisa que «esta situación tributaria se hace patente en la carga fiscal para las sucesiones y descendientes, por ejemplo en la transmisión por herencia de explotaciones agrícolas, empresas familiares, comercios; en la compraventa de viviendas; en la incertidumbre respecto al impacto sobre la estaciones de esquí, en las dificultades añadidas para empresas que sostienen empleo local como es el caso de Hidro Nitro Española en Monzón, la fuga de consumo en el caso de los hidrocarburos…»
Por todo ello, el PAR detalla siete puntos para una resolución plenaria de la DPH, instando al Gobierno de Aragón a «modificar la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, rebajando los tipos aplicables, especialmente en los tramos más bajos; rebajar los tipos progresivos aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, estableciendo el tipo mínimo en el 7%, a excepción de los locales de negocio (por inicio de actividad) para los que se establecerá una tarifa progresiva entre el 1% y el 7%.; fijar el tipo general en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en el 1%; establecer en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para cónyuges, ascendientes y descendientes, una tributación que se sitúe en la media de las Comunidades Autónomas del año 2016; derogar el Impuesto sobre Instalaciones de Transporte por Cable, sin nuevas moratorias; dejar sin efecto a partir del 1 de enero de 2017 la imposición del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos en Aragón; y finalmente, «adoptar las fórmulas legales precisas para determinar exenciones o reformar algunas figuras impositivas cuando, bajo determinadas condiciones, tributos propios del Gobierno -como los medioambientales- perjudican directa y específicamente por sus características particulares, a la actividad y empleos de empresas radicadas en Aragón como es el caso de HINE-Monzón».