La promotora de la proposición no de ley presentada en las Cortes para su debate en Pleno, la diputada Elena Allué, ha explicado que la propuesta del PAR exige que se tenga en cuenta «la solvencia económica» y se deje de aplicar a las Corporaciones Locales «que cumplen», la regla que determina el techo de gasto, ya que supone un freno «inaceptable e injusto» a la activación económica y a la posibilidad de inversión social para atender las necesidades de la gente. El Partido Aragonés ha presentado en las Cortes una propuesta para que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera en lo que afecta a Corporaciones Locales para que determinadas administraciones públicas como las Corporaciones Locales, que han saneado sus cuentas y amortizado su deuda en tiempo y forma, «puedan disponer de sus propios remanentes para invertirlos en gasto necesario, ya sea social o de inversión, entre otros, y no se sientan obligadas sólo a amortizar su deuda».
La PNL del PAR insta al Gobierno de Aragón a que, a su vez, inste al de la nación a modificar la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera para que se introduzcan «las condiciones necesarias» que deben cumplir las Corporaciones Locales en cuanto a solvencia económica para que «no se les aplique la regla que determina el techo de gasto». Asimismo insta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a consensuar con la Federación Española de Municipios y Provincias una modificación de la regla que determina el techo de gasto de la Administración Local para que se compute sobre el presupuesto inicial y no sobre el presupuesto liquidado.
La diputada impulsora de la iniciativa, Elena Allué, ha señalado que aunque la propia Ley refuerza la idea de estabilidad, no solo en un momento coyuntural (crisis) sino con carácter permanente, el PAR cree que ha llegado el momento de «modificarla» ya que la regla de gasto supone «un freno a la activación económica y a la posibilidad de inversión en otra serie de prioridades sociales, económicas o de cualquier otra índole para atender necesidades y demandas de los ciudadanos de cada territorio y no tiene en cuenta la solvencia económica en que se encuentran dichas corporaciones locales».
Elena Allué ha manifestado que «a nuestro juicio no se puede tratar igual a un gran ayuntamiento que al resto». Sabemos, ha dicho la diputada del PAR, que Aragón tiene «muchos pequeños o intermedios ayuntamientos cuyo problema no es el endeudamiento. Ya existe el límite máximo de endeudamiento. Nuestro problema es que cada vez hemos de atender más servicios con menos dinero y poco personal».
La ley, ha advertido Allué, es «restrictiva no solo con el remanente, también existe la prohibición de contratar personal». Es absurdo, que tengas «remanente, en muchos casos consolidado año tras año, y no te permitan destinar una parte a las necesidades de tu localidad». Y si lo haces, ha continuado Allué, lo haces con «miedo a romper la regla de gasto, lo que te compromete a la hora de obtener nuevas subvenciones al año siguiente» y para salir de este «escenario» se ven obligados a amortizar toda la deuda heredada para llegar «a ser libres en el año….x».
Gestión responsable y Estabilidad presupuestaria
Elena Allué ha defendido que en Aragón, tanto los ayuntamientos, Comarcas como Diputaciones provinciales, en su gran mayoría, han cumplido con las exigencias que marca la Ley 2/2012 y han gestionado de manera responsable y eficiente sus recursos, por lo que tratar de imponer que los recursos sobrantes tengan que destinarse a una mayor amortización de la deuda es una cuestión que incide negativamente en las inversiones en municipios y servicios. No se debe legislar «café para todos». El problema lo tenían «los grandes ayuntamientos y no el resto y ahora la ley es restrictiva con todos».
Allué ha indicado que durante los años de crisis económica española la mayoría de administraciones locales han venido cumpliendo rigurosamente con la estabilidad presupuestaria, con el periodo medio de pago a proveedores, con los pagos obligados en gasto corriente, con los plazos de amortización de deuda, y han conseguido «sanear sus cuentas públicas». Esto, incide la diputada del PAR, unido a que todos los datos económicos prevén ritmos de crecimiento de la economía española por encima incluso de otros países europeos, hace necesario que se «reconsideren» ciertas cuestiones a las que se ven obligadas las Corporaciones Locales como la regla de gasto que «perjudica seriamente a las administraciones locales con solvencia económica».
Antecedentes
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera argumenta en su preámbulo la necesidad de estabilidad presupuestaria en las distintas administraciones públicas y se refiere a ella como la base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria.
Durante los años de crecimiento económico, ha subrayado Elena Allué, el proceso de consolidación fiscal y reducción de la deuda pública fue fundamental para continuar en la senda de crecimiento de la economía española hasta 2008. Sin embargo, ese año se inició una crisis económica de alcance mundial cuyos estragos produjeron consecuencias negativas en nuestro país que produjeron como consecuencia elevadas tasas de desempleo, situándonos en los niveles más altos entre los países de la OCDE. Como consecuencia de ello los ingresos de las diferentes administraciones públicas «sufrieron unas mermas imprevistas que provocaron un fuerte deterioro de las finanzas públicas, lo que supuso una incapacidad para mantener los servicios públicos que se gestionaban en otras condiciones económicas». Y todo ello llevó al Gobierno central a tomar una serie de medidas coyunturales y drásticas en materia de política fiscal, «obligando» a practicar un «fuerte ajuste» que permitiera recuperar la senda hacia el equilibrio presupuestario y «cumplir los compromisos de España con la Unión Europea».
La Ley orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha recordado el PAR, se basó en dos ejes: la eliminación del déficit público estructural y la reducción de la deuda pública y las reformas estructurales. Los tres objetivos de la Ley eran: Garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.
Así, la Ley marca que todas las Administraciones Públicas deben presentar equilibrio o superávit sin que puedan incurrir en déficit estructural e incorpora, además, la regla de gasto establecida en la normativa europea en virtud de la cual el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto. Esta regla se completa con el mandato de que cuando se obtengan mayores ingresos de los previstos, éstos no se destinen a financiar nuevos gastos sino que los mayores ingresos se destinen a una menor apelación al endeudamiento.