Huesca, 13/01/2021.- El Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de Huesca ha presentado una propuesta de resolución al pleno de la DPH para que la institución se dirija a los gobiernos de España y Aragón, así como a las Cortes Generales y aragonesas, reivindicando que los ayuntamientos puedan realizar gastos e inversiones con cargo a sus remanentes también en el ejercicio de 2022. Según el Partido Aragonés, muchas entidades locales -sobre todo las más pequeñas- no podrán gestionar y ejecutar en este 2021, todos los proyectos y actuaciones que presupuestariamente serían posibles por el volumen de fondos acumulado durante años con los remanentes bloqueados y, además, los efectos sociales y económicos de la crisis causada por la pandemia se prolongarán, de manera que los ayuntamientos seguirán teniendo que hacer frente a necesidades sociales de sus vecinos y a acciones de recuperación y progreso de sus municipios.
En concreto, el PAR plantea a la Diputación de Huesca reclamar “que se impulse las disposiciones legales pertinentes a fin de que, independientemente de que en 2022 se reactive las reglas fiscales y de gasto actualmente suspendidas, se habilite el citado ejercicio como plazo válido al efecto de que las entidades locales puedan ejecutar gastos e inversiones con cargo a sus remanentes, al objeto de hacer frente a los graves y previsiblemente prolongados efectos económicos y sociales causados por la actual pandemia”.
El Partido Aragonés argumenta en su propuesta que, desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012), los ayuntamientos no han podido disponer de sus remanentes de tesorería, hasta que el pasado octubre fueron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021, ante la situación crítica de la pandemia. Sin embargo, “no existe actualmente previsión alguna respecto a que la suspensión se mantendrá de cara al próximo año 2022. Es decir, si en el ejercicio 2022, se reactivaran las reglas fiscales porque no se prorrogara la suspensión, será necesario que la liquidación de 2022 cumpla tanto la regla de gasto como la estabilidad presupuestaria”. En consecuencia, “frente a la situación de crisis que se prolongará en el tiempo, el presente 2021 se revela como el periodo único para que los ayuntamientos realicen el gasto e inversión con cargo a sus remanentes”.
Por otro lado, “el enorme volumen de esos fondos propios (cifrados en el conjunto del Alto Aragón en unos 187 millones de euros) y la complejidad en la tramitación administrativa, en cuanto a requisitos y plazos, señalados por la vigente Ley de Contratos de Sector Público, hacen inviable que los ayuntamientos -en especial los de municipios más pequeños- puedan gestionar y ejecutar todos los proyectos y programas que aprovechen y agoten en 2021, los remanentes disponibles”.
Para el PAR, “no hay duda en que es urgente acometer muchas actuaciones, pero, en un panorama de extremada incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, no cabe pensar que en 2022 dejen de existir necesidades y demandas sociales, ni proyectos municipales de desarrollo y progreso precisos para la recuperación de la actividad, la economía y el empleo. En consecuencia, no tendría sentido que sólo en 2020 y 2021, se admitiera que los ayuntamientos dispongan de sus remanentes o de plazo para ejecutar gastos e inversiones a cargo de los mismos”.