Huesca, 12/09/19.- El Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de Huesca ha presentado, para su debate este viernes, en el primer pleno ordinario que celebra la corporación, dos propuestas, para el apoyo a las movilizaciones de la ‘España Vaciada’ contra la despoblación y una segunda iniciativa que plantea un resolución firme de la DPH en defensa de una mayor y mejor financiación a los ayuntamientos y en general, los entes locales (comarcas y diputaciones, además de municipios) a fin de que, desde “las administraciones más cercanas a los ciudadanos -y las más eficientes-, se pueda promover y sufragar servicios, inversiones, iniciativas, subvenciones…” valorando “su incidencia directa en la calidad de vida, prosperidad y bienestar de los aragoneses y de nuestra Comunidad”.
En concreto, el PAR recoge y apoya en el primer punto de su iniciativa, los acuerdos alcanzados el pasado mes de julio entre la FEMP y ministerios y organismos estatales, “a fin de flexibilizar la regla de gasto y las condiciones para destinar los superávit en las haciendas de los entes locales e insta a que dichos acuerdos sean desarrollados e incorporados en el plazo más breve posible, a la normativa de aplicación”. Se trata de “distintas modificaciones de los límites legales ahora vigentes (…) que restringen las posibilidades de acción” de las entidades locales y deben ser aún concretadas en reglamentos y normas legales por lo que el Partido Aragonés propone que la DPH reclame que estas medidas tantas veces demandadas, se lleven a cabo cuanto antes.
Los cambios afectarían a aspectos como excluir determinados gastos e incrementar el nivel de gasto computable en la regla de gasto y ampliar “el ámbito objetivo de las Inversiones Financieramente Sostenibles a los gastos de inversión dirigidos a evitar la despoblación, educación, medio ambiente y gasto corriente en fomento de empleo” y así mismo “en el caso de entidades locales en despoblamiento”. Según el PAR, “todo ello redundaría en un incremento de las posibilidades de actuación de las entidades locales que cumplan con un equilibrio en sus cuentas y gestión, y que estaban de alguna manera penalizadas precisamente por ese cumplimiento -y en mayor medida las más rigurosas y responsables- o a expensas de decisiones gubernamentales o de los Presupuestos Generales del Estado cada año”.
Por otro lado, el PAR incluye un segundo punto en su propuesta por el que desde la DPH se “reafirma su reivindicación, compartida por las entidades locales, de un nuevo modelo y legislación de financiación local de ámbito estatal y aragonés, que garantice la suficiencia y estabilidad económica de ayuntamientos, comarcas y diputaciones para la prestación de servicios y el fomento de inversiones, capitales en el progreso de nuestra sociedad y en particular, en un territorio y sociedad con las características del Alto Aragón”.
El Partido Aragonés argumenta que la Diputación “se ha pronunciado repetidamente en el mismo sentido, considerando la trascendencia social y económica de la actividad de los ayuntamientos, comarcas y de la propia institución, en cuanto a la disponibilidad de sus recursos para destinarlos a servicios e inversiones”, especialmente a la vista de “las peculiaridades de la sociedad y el territorio altoaragonés” que “otorgan a las entidades locales aún mayor importancia, en aras a la prestación de servicios, a un coste superior que en otras zonas. De ahí que su financiación y su autonomía financiera constituyan apartados esenciales para cumplir los objetivos necesarios y corresponder a las demandas de los vecinos de nuestras ciudades y pueblos”.
Por ello, para el PAR, “el próximo Gobierno de España que deseablemente se configure y las Cortes Generales deberán impulsar un nuevo modelo de financiación local, paralelamente al de financiación autonómica, o también regular el impuesto de plusvalía, tras la sentencia de su anulación parcial con la consiguiente pérdida recaudatoria. Así mismo, el Gobierno autonómico y las Cortes de Aragón deben afrontar determinaciones como, entre ellas, una Ley de participación en los tributos de la comunidad autónoma para los ayuntamientos y de regulación del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, que la convocatoria electoral hizo decaer”.