Huesca, 3 de febrero de 2018.- El Partido Aragonés propone la creación de un fondo “de supervivencia o de resistencia” en los Presupuestos de Aragón de 2018, destinado a abrir alternativas de financiación a la continuidad de los programas de Cruz Blanca y de otras entidades, afectados e incluso abocados al cierre, tras los recortes que han sufrido en las subvenciones procedentes de la casilla de fines sociales del 0,7 por ciento del IRPF. Estas ayudas han sido gestionadas por primera vez desde el Gobierno de Aragón, que ha denegado el apoyo a iniciativas que ya venían funcionando y atendían a miles de aragoneses en circunstancias difíciles y de vulnerabilidad.
La diputada del PAR, portavoz en materia de Ciudadanía y Derechos Sociales, Elena Allué, ha explicado que el Grupo Aragonés (PAR) va a defender una enmienda a la Ley de Presupuestos para constituir este nuevo fondo, dotado con 1,5 millones de euros, que servirá “para una nueva convocatoria de ayudas y llegar a las entidades que antes recibían estas subvenciones pero ahora ven en serio riesgo o inviables muchas acciones de interés social que realizan y que han demostrado su importancia en apoyo de tantas personas y familias en dificultades tanto económicas como de salud o exclusión”.
Allúe señala que desde los comités oscense e intercomarcal del Partido Aragonés se ha recabado la inquietud y problemas generados por la ausencia de financiación y soluciones, cuando este mismo jueves, la Fundación Cruz Blanca ha tenido que cerrar por falta de financiación, tras cuatro años, su economato social en Huesca por el que pasaban cientos de familias, no sólo a abastecerse sino a seguir itinerarios de inserción. Igualmente están en peligro programas como la atención a los enfermos de SIDA, recursos para personas sin hogar (Zaragoza) o de atención a la salud de prostitutas en todo Aragón. También actuaciones de Cáritas y de otras organizaciones se han visto sin la aportación esperada.
“Se les dijo desde el Gobierno de Aragón -ha incidido la diputada del PAR- que se iba a mantener las ayudas pero no ha sido así. Después, que se iba a buscar soluciones pero el tiempo pasa, el dinero se agota y no pueden seguir, mientras la DGA no responde. El perjuicio es para los más desfavorecidos que se encuentran además sin alternativas y para las propias entidades, cuyos integrantes, voluntarios y trabajadores, algunos incluso despedidos, están desesperados al ver frustrada su vocación de servicio. Al final, el daño es para todos, para la sociedad, porque así no levantaremos un porvenir en igualdad”.
Por ello, Elena Allué ha solicitado así mismo la comparecencia de la consejera responsable ante la comisión competente de las Cortes de Aragón, “no solamente para que explique qué ha pasado porque sabemos que las subvenciones se han otorgado a otras entidades, sino especialmente para que obtengamos compromisos en firme de resolver con urgencia, esta grave situación para las que ya estaban trabajando. No es admisible que tengan que apelar a la solidaridad, mediante campañas de socios o actos benéficos, porque no es manera de dar estabilidad a la financiación, que debe provenir de las administraciones y, en este caso, del Gobierno de Aragón”.
Finalmente, Allué ha resaltado que incluso el Justicia de Aragón “ha decidido abrir un expediente de oficio, porque con toda la razón, si estos recortes y negativas son definitivos, suponen un retroceso en la respuesta de la Administración para hacer frente a la exclusión social y a la vulnerabilidad”.