Zaragoza, 6 de marzo de 2017.- La diputada del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, ha presentado en las Cortes una PNL que insta al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de la Nación para que utilice todos los mecanismos legales a su alcance, con el fin de exigir al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el cumplimiento del Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela suscrito en 1988. Además a que abone, de manera urgente, las cantidades que se vienen adeudando a los perceptores de pensiones venezolanas residentes en España, y a que establezca mecanismos que aseguren la regularidad en el pago.
En la iniciativa parlamentaria el PAR pide también al Gobierno de Aragón, PSOE-CHA, que establezca las medidas necesarias para que, mientras no se produzca el pago de las pensiones por parte del Gobierno Venezolano “estas personas tengan aseguradas unas ayudas mínimas y extraordinarias por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, sobre todo para aquellas que se encuentran en una situación de pobreza y riesgo de exclusión social”.
Un centenar de pensionistas y jubilados que retornaron o emigraron a Aragón, en vilo
Elena Allué ha indicado que el Gobierno de Venezuela tiene “en vilo” a un centenar de pensionistas y jubilados que retornaron o emigraron a Aragón. “Desde hace 17 meses y sin mediar ninguna explicación oficial, la Seguridad Social de Venezuela ha dejado de pagarles la pensión. Esta situación está creando graves consecuencias de exclusión social y precariedad”.
La diputada del PAR ha señalado que, así las cosas, en Aragón, se ha constituido la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Venezuela (Asopejuven) compuesta por emigrantes retornados a España, la mayoría de ellos con doble nacionalidad española-venezolana, pero también por un importante número de nacionales del país venezolano que decidieron arraigarse en Aragón tras alcanzar la edad de jubilación.La Asociación tiene como objetivo exigir el abono de sus prestaciones.
La situación de precariedad en la que viven, después de 17 meses sin cobrar su merecida pensión, explica Allué, les está llevando a una situación “límite” de subsistencia. “Han recurrido a diversas instancias, entre ellas el IASS, solicitando ayudas de subsistencia que se les están “denegando” al no poder demostrar fehacientemente la extinción de su derecho de prestación ya que el Gobierno de Nicolás Maduro “se niega a reconocer los hechos pese a que documentalmente se pueda acreditar dicho impago”.
Convenio de Seguridad Social España-Venezuela 1998
Elena Allué ha recordado que Venezuela y España suscribieron un convenio de Seguridad Social el 12 de mayo de 1988 que sigue “vigente desde entonces”. Dicho Convenio “constituye un instrumento de coordinación entre los sistemas de seguridad social de ambos países que ha permitido garantizar a miles de ciudadanos sus derechos de protección social tras haber trabajado y cotizado en alguno o ambos sistemas de seguridad social”.
El Gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, recuerda Allué, está “incumpliendo sistemáticamente ese convenio bilateral en materia de Seguridad Social firmado entre Venezuela y España”.
Para la parlamentaria, la situación de desgobierno creada en Venezuela con una crisis humanitaria de primer nivel, “está poniendo en peligro la subsistencia de más de 10.000 pensionistas en España, algunos de ellos aragoneses, ya que desde diciembre de 2015 interrumpió el pago de las pensiones a sus beneficiarios en el exterior”.
Desde el mes de enero de 2016 el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha dejado de pagar las prestaciones a las que tienen derecho a los venezolanos residentes en el exterior. De ellos 10.000 residen en España, la mayoría en posesión de la doble nacionalidad.