La diputada del Grupo Aragonés portavoz de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha impulsado una iniciativa parlamentaria que propone la modificación del artículo 228 de la Ley de Contratos del Sector Público «que obligaría al cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas y proveedores. El PAR quiere con ello «mejorar la competitividad y el acceso a la contratación pública y que los proveedores de la DGA no demoren, a su vez, sus pagos a las pymes subcontradas. La diputada del Grupo Aragonés portavoz de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha impulsado y presentado en el Parlamento aragonés una propuesta que será debatida por el Pleno, que insta al Gobierno PSOE-CHA a dirigirse al Gobierno de la nación instándole a:
1.- Modificar el artículo 228 bis de la Ley de Contratos del Sector Público para que obligue, y no sólo faculte como hasta ahora, a la comprobación por parte de la Administración contratante del estricto cumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas y proveedores y aporte relación detallada de subcontratistas y proveedores con las condiciones de subcontratación referidas al plazo de pago.
2.- Dichas obligaciones, que figurarán en el Anuncio de licitación y en los Pliegos, se considerarán condiciones esenciales de ejecución. Los adjudicatarios deberán además aportar un certificado de la Asociación empresarial sectorial representativa de la Comunidad Autónoma de Aragón acreditando que la empresa oferente cumple con los plazos de pago establecidos en la Ley.
3.- Modificar la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales con el fin de establecer un Catálogo de Infracciones y Sanciones.
El PAR quiere con ello «mejorar la competitividad y el acceso a la contratación pública por una parte, y por otra que los proveedores del Gobierno de Aragón no demorasen a su vez sus pagos a las pymes subcontratadas». Nuestra obligación, subraya Elena Allué, consiste en «solucionar los problemas y favorecer las oportunidades de las empresas para que sigan generando riqueza y empleo en Aragón».
Allué ha señalado que en Aragón el sistema de pago medio a proveedores del Gobierno de Aragón ha situado a las empresas aragonesas – sobre todo a las pequeñas y medianas y a los autónomos- «en una situación de dificultad añadida a la que ya tienen cientos de ellas, derivada de la crisis económica».
Allué sostiene que una de las medidas eficaces para paliar este problema sería, como ya han apuntado desde algunos sectores empresariales, «modificar la Ley de Contratos del Sector Público en orden a exigir el control, no como mera facultad si no como obligación de los plazos de pago de los contratistas adjudicatarios de obra pública a sus suministradores y subcontratistas, en aras a reforzar el cumplimiento de la ley en materia de cobros a subcontratistas y proveedores y evitar el abuso de posición dominante de las grandes empresas adjudicatarias de contratos de obra pública en su relación mercantil con las subcontratistas y proveedores».
Ahora «más que nunca», valora Allué, se hace necesario «fortalecer todas las herramientas que hagan posible que Aragón siga mostrando una evolución creciente y mantenga el pulso del crecimiento económico». Además, se hace necesaria modificar la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen «medidas de lucha contra la morosidad» en las operaciones comerciales con el fin de «regular un régimen de infracciones y sanciones» que, en la actualidad no está prevista, con el fin «de elaborar un Catálogo de sanciones e infracciones que permitan sancionar a las grandes empresas que no paguen sin razones justificadas».
Antecedentes
En los antecedentes de la iniciativa el PAR recuerda que el tejido productivo aragonés está conformado casi en un 95% por pequeñas y medianas empresas que prestan sus servicios al mercado, donde a menudo grandes empresas y la administración incumplen las previsiones legislativas sobre plazos de pago. En el caso de las empresas del IBEX la morosidad es de 187 días, mientras que la que compete a las administraciones se sitúa en 75.
Allué valora que la elevada morosidad se ve «perjudicada por la falta de un Catálogo en la propia Ley de Infracciones y sanciones contra esos incumplimientos». En este sentido insiste en la necesidad de establecer medidas «claras y concisas» que regulen las infracciones y las sanciones que se deriven del incumplimiento de los plazos de pago, condiciones de pago y en general todo lo relativo a las obligaciones de pago enmarcadas en el marco contractual de la Ley que perjudiquen la posición del acreedor de la deuda.