Zaragoza, 19 de enero de 2018.- Lucía Guillén, diputada del Partido Aragonés por Huesca, ha indicado que “desde el PAR vamos a plantear ya una iniciativa para que las Cortes de Aragón reclamen una solución urgente y con garantías a la DGA frente a la desprotección e incertidumbre generadas en cuanto al servicio de bomberos en comarcas como Sobrarbe”. La propuesta del Partido Aragonés se unirá “a las acciones parlamentarias que hemos venido planteando sobre este mismo asunto durante años”.
“Tenemos el claro objetivo de mover a la DGA -ha explicado Guillén- porque el Gobierno de Aragón tiene la obligación de velar por la igualdad de todos sus habitantes y estamos hablando de la atención básica a unas emergencias de serio riesgo”.
La diputada del Partido Aragonés ha recordado que voluntarios de Protección civil de Sobrarbe han entregado sus equipos y tampoco hay problemas para los voluntarios de Almudévar en la Hoya. Lucía Guillén ha señalado que “quizá aparezcan nuevas noticias similares tras la entrada en vigor, desde el 1 de enero, del decreto que regula la organización y funcionamiento de estas agrupaciones de voluntarios en Aragón. El decreto obliga a que estos voluntarios de Protección civil actúen en determinadas emergencias específicas bajo la supervisión de un bombero profesional, con esa función, como responsable directo, una figura de la que carecen algunas comarcas. Ninguno de los remedios anunciados por la comarca de Sobrarbe y el Gobierno de Aragón es inmediato ni completo y no dan respuesta a la inquietud provocada en la sociedad, ni a las deficiencias del servicio”.
La diputada del PAR afirma que “todo esto era previsible pero el gobierno ha perdido más de media legislatura sin actuar, aún teniendo la responsabilidad de la coordinación”.
La iniciativa del Partido Aragonés se dirigirá a “buscar una solución a las actuales carencias, ofreciendo seguridad a los vecinos y sus bienes en las comarcas afectadas, y a exigir que se desarrolle una verdadera y efectiva coordinación desde la DGA, con los recursos precisos para garantizar el servicio” al tiempo que “se considera en todo su valor a las personas que ejercen su voluntariado social en estas tareas y que no merecen lo que está sucediendo”.