Albarracín, 12 de noviembre de 2023.-El Partido Aragonés ha acordado solicitar al Gobierno de Aragón que se abonen los pagos pendientes a los ayuntamientos que forman parte de la Reserva de Caza Montes Universales, en concepto de cuotas de entrada de los cazadores y de venta de la carne de las piezas abatidas, que ascendería 200.000 euros.
Estos pagos, comprometidos con los ayuntamientos que forman parte de la reserva para que también los municipios se vean así directamente beneficiados por la gestión de la reserva, no se realizan desde el año 2018 y afectan a los trece municipios que forman parte de la reserva: Orihuela del Tremedal, Bronchales, Noguera, Tramacastilla, Torres de Albarracín, Monterde, Albarracín, Royuela, Calomarde, Frías de Albarracín, Guadalaviar, Villar del Cobo y Griegos.
Por ello, los alcaldes del Partido Aragonés han acordado remitir una carta al Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo aragonés, solicitando que se abonen estas cantidades pendientes, e instarán a los otros ayuntamientos afectados a que hagan lo mismo para formar «un frente común» según ha señalado el presidente del Comité Local del Partido Aragonés en la Sierra de Albarracín y alcalde de Albarracín, Daniel Úbeda.
Además, también han acordado dirigirse al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón para solicitar que se cambien las políticas que tienen que ver con los pagos a los agricultores que tienen sus cultivos en terrenos de la reserva. Así, solicitarán que se revise la forma, la cantidad y los tiempos de las indemnizaciones que reciben los agricultores de la reserva, por los daños causados en sus cosechas por los animales.
Desde el PAR consideran que las cantidades que se abonan son insuficientes y además el tiempo de pago siempre se dilata en el tiempo, lo que supone un perjuicio para los agricultores de la zona, que de este modo ven peligrar la viabilidad de sus explotaciones.
Por ello, reclaman que la cantidad que se abona por hectárea alcance los 300 euros por hectárea, porque sería la cantidad adecuada para que los agricultores pudieran compatibilizar el cultivo con los daños que se producen, y que fuera viable la actividad de los productores que desarrollan esta actividad fundamental en la Sierra de Albarracín.