La diputada portavoz adjunta del Grupo Aragonés en las Cortes, María Herrero, ha presentado una moción que insta a la DGA a que impulse la Comisión Bilateral de Aragón para abordar aquellas cuestiones que necesitan de esta herramienta recogida en el Estatuto, y que respondiendo a las singularidades de Aragón acuerde la máxima ejecución de las partidas presupuestarias, las inversiones en infraestructuras, los traspasos de competencias y una justa financiación económica. La diputada portavoz adjunta del Grupo Aragonés en las Cortes, María Herrero, defenderá el lunes en la Comisión Institucional de las Cortes una moción dimanante de una interpelación al Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, PSOE-CHA, instando al Ejecutivo autonómico a impulsar la Comisión Bilateral que recoge el Estatuto de Autonomía en su artículo 90 «convocándola al menos dos veces al año para que aborde los principales asuntos que necesitamos resolver en Aragón y/o sobre aquellos que requieren el compromiso y apuesta del Gobierno de España».
María Herrero se refiere, entre otros, como consta en la iniciativa a las inversiones en infraestructuras, los traspasos de competencias, el desarrollo del Estatuto de Autonomía, los conflictos competenciales, y los convenios para ejecución de obras y financiación. Con respecto de la financiación, señala la diputada, «el Gobierno de Aragón deberá exigir el cumplimiento de Estatuto de Autonomía en su artículo 108, para derivar en la firma de un Acuerdo Bilateral Económico-Financiero, como un fondo adicional para responder a las peculiaridades de Aragón».
María Herrero señala que, además, la Comisión Bilateral deberá servir para «acordar que Aragón participe en la decisión de las cuantías que los Presupuestos Generales del Estado destinen a la Comunidad y sus conceptos, además de promover su ejecución total y, en caso de no ser así, garantizar que los remanentes puedan ser reinvertidos en Aragón».
Por último, María Herrero subraya la importancia de acordar en la Bilateral los criterios que se trasladen al Consejo de Política Fiscal y Financiera para la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica «esos criterios deben corresponderse con lo establecido en el Estatuto aragonés atendiendo a la realidad demográfica, territorial y orográfica de Aragón». Hay que tener en cuenta, concluye, el «coste añadido» que esos factores suponen a la hora de la prestación de servicios en la Comunidad Autónoma aragonesa.