Zaragoza, 14 de noviembre de 2018.- La diputada del PAR, portavoz en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento aragonés, que será debatida en el Pleno de la Cámara y que insta al Gobierno de Aragón a que a su vez inste al Gobierno de España a convocar con urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de modo que en el plazo de tres meses y tras los estudios correspondientes pueda determinarse, con certidumbre, el coste de los servicios correspondientes a la España despoblada y en particular a Aragón para que dicha realidad se concrete en “la creación de un Fondo nacional y europeo para la despoblación a tener en cuenta en el futuro modelo de financiación autonómica, adoptándose en el CPFF el correspondiente acuerdo irrevocable”. Así lo ha explicado Elena Allué, quien ha añadido que la propuesta del PAR consta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera valorará si la despoblación, dispersión y envejecimiento son variables que nuestro país debe destacar en la dotación financiera de alguno de los fondos de la Unión Europea y en la creación, incluso, de un fondo para desertización y despoblación.
El PAR recuerda que, el actual Modelo de financiación de las comunidades autónomas fue aprobado por el Consejo de política fiscal y financiera en el 2009 y su estructura y funcionamiento fue modificada con posterioridad, cubre varios bloques correspondientes tanto a las competencias comunes como a los servicios sociales, como la sanidad, previendo las necesidades de gasto de las comunidades en relación a las distintas variables, y creando diferentes fondos de garantía de servicios. Sin embargo, advierte Elena Allué, “la ponderación de la población en el primer bloque representa más del 90%, en demerito de la superficie, dispersión e insularidad, circunstancia que se ha ido repitiendo desde la creación de la España de las autonomías con postergación de las aspiraciones de diversas CCAA”.
Antecedentes
Elena Allué recuerda que la Constitución vigente hizo posible la España de las Autonomías determinando las competencias exclusivas y compartidas del Estado y las Comunidades Autónomas en el Art. 148 y siguientes.
Los principios básicos que debían guiar la actuación de unos y otros se concretaba en el Art. 156 “las CCAA gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.
El Art. 157 establecía que mediante una ley se regularía el ejercicio de las competencias financieras, lo que se realizó mediante Ley orgánica de financiación de comunidades autónomas 8/1980 de 22 de septiembre (L.O.F.C.A). El artículo 3º dispone que el Consejo de Política Fiscal y Financiera estará constituido por los Ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, y por el consejero de Hacienda de cada Comunidad Autónoma. Su competencia se extenderá (art. 3d) “al estudio, elaboración en su caso y revisión de los métodos utilizados para el cálculo de los costos de servicio transferidos a las comunidades autónomas”.
La enumeración de competencias, recuerda Elena Allué, se cerraba con una clausula residual, “en general todo aspecto de la actividad financiera de las CCAA y de la Hacienda del Estado que dada su naturaleza precise de una actuación coordinada”.
La L.O.F.C.A definió cada cinco años el modelo de financiación de CCAA, después de realizar los correspondientes estudios y convocar a las CCAA a reuniones donde siempre se discutió “la trascendencia que debería darse en la financiación, a la variable población y la variable superficie”, señala el PAR.
Abordar la despoblación ¡YA!
El Partido Aragonés valora que es preciso abordar desde ahora un problema de alcance nacional. Resulta urgente perfilar las soluciones que pueden arbitrase respecto de la despoblación que “existe en más de la mitad de la superficie de nuestro país (52%) con trascendencia en los costes de servicio de educación, sanidad y servicios sociales, con infraestructuras notoriamente insuficientes en muchos casos”.
Para el PAR resulta preciso dar al problema de la despoblación toda la trascendencia que tiene y que la financiación de las distintas CCAA afectadas “estuviera asegurado mediante acuerdo formal y especifico del Consejo de política Fiscal y Financiera en el futuro modelo de financiación autonómica”.