Teruel, 4 de marzo de 2017.-. El Partido Aragonés en la provincia de Teruel ha vuelto a reivindicar que se acometan de manera inmediata las obras de mejora de la N-330 y que se agilicen las del desdoblamiento de la N-232, dos obras que considera imprescindibles para la provincia por motivos de seguridad vial pero también si no se quiere dejar a la provincia aislada definitivamente.
El Partido Aragonés recuerda que el estado de las infraestructuras es esencial a la hora de atajar problemas endémicos como la despoblación. “Primero fue por las limitaciones de presupuestos y después porque Teruel pinta poco en el panorama nacional pero el caso es que nunca se ha prestado la sufieciente atención a las infraestructuras de esta provincia que son necesarias socialmente pero que también tienen carácter estratégico para la economía, la sociedad y el territorio aragonés porque generan dinamismo, empleo y se mejora el acceso a servicios y a la mejor calidad de vida”, resume el presidente intercomarcal del Partido Aragonés en Teruel, Julio Esteban.
Por eso, el Partido Aragonés apoya la recogida de firmas que esta pasada semana han puesto en marcha los alcaldes de la ribera del Turia e insiste en el acondicionamiento de los 36 kilómetros que unen Teruel con Torrebaja a través de la N-330 al igual que ha hecho en ocasiones pasadas.
Precisamente, el secretario general del partido en la provincia y presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán, solicitará formalmente esta semana una entrevista de trabajo con el ministro de Fomento, Íñigo López de la Serna, y con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar no solo el caso de la N-330, que considera “imprescindible” sino otros muchos relacionados con las infrarestructuras provinciales, entre las que se encuentra el desdoblamiento de la N-232 o el eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
“Hay que recordar que tener unas infraestructuras dignas es la primera y más básica de las acciones contra la despoblación”, dice Millán, para quien las mejoras sobre la N-330 son de fácil ejecución y escaso presupuesto en comparación con otras infraestructuras. De hecho, Millán recuerda que solo 5 kilómetros de
Ramón Millán asegura además que “los alcaldes y vecinos de los pueblos afectados están demostrando demasiada paciencia con este asunto e incluso han rebajado sus exigencias primeras para reclamar un nacional segura, digna, ya que lejos de beneficiarse del paso de una carreteras de ámbito estatal, lo que hace es traerles muchos problemas”. “Por ese motivo, -concluye- el Partido Aragonés irá donde tenga que ir para aportar su grano de arena”
Por su parte, el Comité Comarcal del Partido Aragonés en la Comunidad de Teruel, mostró en su última reunión su preocupación por el estado de la carretera a Cuenca. “Nosotros, apooyaremos todas las acciones y movilizaciones que exijan el arreglo de esta vía gobierne quien gobierne porque entendemos que hay que dar una solución urgente a esta carretera”, ha dicho el presidente del Comité Comarcal del PAR en la Comunidad de Teruel, Francisco Abril.
Abril recuerda que la N-330 ha registrado desde el año 2.000 más de 300 accidentes con el balance de 80 heridos y 5 personas muertas. “Además de un problema de carencia y mal estado de las infraestructuras debemos recordar que es una tema de seguridad porque se trata de una vía estrecha, sin arcenes y llena de curvas por la que se puede circular a 40 kilómetros por hora y con un tránsito de camiones que representan el 10% del total de la circulación así que no es nimia la situación de peligrosidad que entraña para los vecinos de estos pueblos”, comentaba por su parte el presidente del Comité Comarcal de Teruel.
Por eso, el PAR incide en la necesidad de contar con partidas económicas suficientes para estas carreteras, como la N-232, “una circunstancia compleja en el actual contexto político por la inexistencia de Presupuestos Generales”, apunta por su lado el presidente intercomarcal, Julio Esteban.
En cualquier caso, el Partido Aragonés entiende que a la hora de planificar las futuras inversiones, debe anteponerse un enfoque social de las actuaciones por varios motivos: la fluidez y seguridad para el usuario; la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad para la sociedad en cuanto al efecto multiplicador en desarrollo, empleo y bienestar de las inversiones realizadas con fondos públicos.