El Pleno de las Cortes debatirá una proposición de ley del PAR para eliminar «el catalán» que se introdujo a propuesta de CHA en la actual Ley del Patrimonio Cultural Aragonés «de tapadillo y sin que se haya debatido». Además de esta proposición de ley, el PAR lleva a la sesión plenaria del Parlamento aragonés otras dos iniciativas parlamentarias. Una PNL que incluye diversas medidas y propuestas destinadas a defender y promocionar la ganadería de montaña en la Comunidad Autónoma, y una tercera proposición conjunta con el PP, exigiendo a Lambán «que baje los impuestos y promueva la creación de empleo». El Pleno de las Cortes debatirá el jueves una proposición de ley del PAR para eliminar «el catalán» que se introdujo a propuesta de CHA en la actual Ley del Patrimonio Cultural Aragonés «de tapadillo y sin que se haya debatido».
Así, el Partido Aragonés quiere que se sustituya el primer punto del artículo 4 de dicha norma, que habla de que son el aragonés y el catalán de Aragón «las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón» por el siguiente: «Aragón tiene como propias, originales e históricas la lengua aragonesa propia de la zona oriental, y la lengua aragonesa propia de la zona pirenaica y pre-pirenaica con sus diversas modalidades lingüísticas».
La diputada portavoz del PAR en materia de Educación y Cultura, María Herrero, indica que lo más grave es que la reciente modificación dice que «esas son las lenguas a las que se refiere el Estatuto». En este sentido, Herrero señala que abogando por un amplio consenso y por el respeto escrupuloso al Estatuto de Autonomía de Aragón, el PAR propone suprimir el catalán y señala que «nos parece inadmisible y sumamente grave que se haya modificado la ley del Patrimonio Cultural de la manera en que se ha hecho, a través de la Ley de Medidas de 2016 incluyendo una interpretación del artículo 7 del Estatuto de Autonomía. Los diferentes posicionamientos políticos a lo largo de los últimos años en relación con el asunto lingüístico han supuesto modificaciones de la legislación sectorial correspondiente, pero en ningún caso se había osado interpretar nuestra norma institucional básica».
Herrero resalta que, aunque jurídicamente sea viable, «no es ético ni leal con la institución ni con el Estatuto utilizar el procedimiento legislativo ordinario a través de una enmienda unilateral de una formación política para dinamitar el consenso al que se llegó en la redacción del Estatuto entre todas las fuerzas que participaron en su aprobación».