Zaragoza, 30 de mayo de 2018.- Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, en el plazo máximo de 2 meses, haga públicas las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el ejercicio de cargos públicos, incluidas dietas e indemnizaciones, con indicación expresa de los diferentes conceptos retributivos y el importe de los gastos de representación de los que hayan hecho el presidente, consejeros, altos cargos y máximos responsables del Gobierno de Aragón, tal y como marca la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la actividad pública y participación ciudadana en Aragón. Además, la diputada aragonesista ha subrayado la necesidad de que también se hagan públicos “los gastos correspondientes a los viajes realizados”.
Poner en el centro de las políticas valores tan esenciales como la participación, la ética o la transparencia, ha indicado Elena Allué, sirve para “contribuir a mejorar el buen gobierno y poner al servicio de la ciudadanía una administración más eficiente, menos opaca y más abierta”.
La transparencia y la participación, ha proseguido la diputada del PAR, deben servir para “mejorar las iniciativas que se plantean desde los gobiernos y mejorar la calidad de vida de las personas”. En tiempos en los que la brecha entre la ciudadanía y los gobiernos se va abriendo cada vez más, nuestra responsabilidad es “generar confianza en las instituciones y entre los que nos gobiernan”. Se trata, en definitiva, de “fortalecer nuestra democracia”, ha manifestado.
Recuperar la confianza en las instituciones
Para Elena Allué es necesario que se recupere la confianza en las instituciones y en los cargos públicos, y buena parte de la responsabilidad para lograr dicho objetivo “la tenemos los propios servidores públicos que estamos obligados a que, con nuestras actuaciones ejemplarizantes, recuperemos la confianza y rechacemos contundentemente aquellas otras actuaciones impropias de un sistema que reclama que cada vez seamos más claros y transparentes”.
Allué ha desechado cualquier práctica política que siembre dudas. “No podemos seguir contribuyendo, con una práctica política opaca, a sembrar dudas”. Por ello, ha dicho, es necesario “actuar con apremio, adelantándose a los acontecimientos para contribuir a recuperar el descrédito de la clase política”.
Antecedentes
En la iniciativa del PAR se recuerda que, en la legislatura anterior se aprobó por unanimidad la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana en Aragón. Una ley consensuada que abordó con seriedad y decisión los asuntos que afectan a la participación y la transparencia en la gestión pública.
Y, entre otras cuestiones, en el Capítulo II sobre “Publicidad activa”, el artículo 13 menciona las obligaciones de los miembros del Gobierno, altos cargos y máximos responsables, entre ellas, las de “hacer públicas las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el ejercicio de cargos públicos, incluidas cualesquiera dietas e indemnizaciones”.
Elena Allué ha concluido que en un contexto complejo en el que los viajes que realizan los cargos públicos están en el punto de mira de la ciudadanía, sería “ejemplar” que el Gobierno cumpliera la ley y publicara lo requerido por la norma. Esquivar esta obligación provoca la duda.