span style=»font-size:18px;»>strong>Financiación autonómicastrong>span>br />span style=»font-size:15px;»>(Comunicación de Presidencia del partido)span>
Hace décadas que las demandas de Cataluña han motivado las sucesivas reformas del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas contemplado en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). De nuevo, sucede lo que siempre ha sucedido, nada distinto. Desde la asimetría que supone el modelo, habiendo dos comunidades que gozan de un sistema diferenciado como son Navarra y País Vasco, no se han resuelto las tensiones y demandas de los territorios. Sin entrar en la legitimidad, o no, de las demandas catalanas, desde el Partido Aragonés debemos impulsar una reflexión que debiera tornarse en demanda colectiva de los aragoneses: un sistema propio, diferenciado y ajustado a las necesidades de nuestros habitantes y nuestro territorio.
En los últimos treinta años, las instituciones catalanas han condicionado sobremanera la revisión del modelo, especialmente en las reformas de 1996, 2001 y 2009. La creciente participación en los tributos es una buena vía que ahonda en criterios de corresponsabilidad fiscal y mayor autonomía política, pero los criterios de nivelación y de solidaridad interterritorial han creado un agravio comparativo con Navarra y País Vasco, que liberados de esa aportación han experimentado un importante desarrollo. Cierto es que Cataluña cuenta con un déficit fiscal y que realiza una gran aportación, pero también lo realiza Aragón que se sitúa como la quinta comunidad en aportación, tras Baleares, Madrid, Cataluña y Valencia. Cada año, Aragón a través de sus ciudadanos, aporta más de 200 millones de euros para los fondos de compensación y desarrollo de otras comunidades. Ante las tentaciones que puedan tener populares y socialistas de mejorar la financiación catalana con algún concierto, los aragoneses deberemos exigir que se dote, como mínimo, de las mismas oportunidades a Aragón. Con la diferencia de que Aragón lo tiene reconocido en su Estatuto de Autonomía desde 1996, actualmente en el artículo 108.
Aragón está dispuesto a seguir aportando de forma solidaria pero no debe permitir que se concedan nuevos privilegios sin atender antes sus reivindicaciones.