El aplazamiento del proceso de debate para determinar un nuevo modelo de financiación autonómica, no debe restar atención y acción desde nuestra Comunidad a esta cuestión esencial que finalmente, estará sobre la mesa antes de que pasen dos años, posiblemente menos. Además, el riesgo de que la deriva soberanista de algunos trate de ser satisfecha con la concesión de privilegios en la financiación se sustanciará mucho más pronto.
Hay demasiado en juego y no podemos aparcar el asunto hasta que sea tarde, porque de la capacidad económica de Aragón depende el bienestar, el desarrollo, el presente y el futuro de los aragoneses. Es más: la financiación autonómica condiciona el futuro de España. Hay que considerar que las comunidades son responsables de la mayor parte de los servicios y programas que garantizan las políticas sociales (Sanidad, Educación, Dependencia…). También se debe poner el acento en la necesidad de que todas estas políticas se desplieguen en cercanía con los ciudadanos -es decir, descentralizadas- y valorar las dificultades específicas de prestarlas en muchas zonas del interior del país. Si añadimos al bienestar social, las actuaciones de fomento de la actividad económica y del empleo, de dotación de infraestructuras que tratan de aplicar las comunidades y que requieren recursos, comprobaremos el carácter fundamental de esta reforma tras la que no sólo hay números sino personas y familias.
Aragón presenta importantes singularidades como sociedad y territorio: entre otras, nuestra amplia extensión, la baja población y densidad demográfica, la dispersión territorial y el envejecimiento. Estas características equivalen a complejidades y mayor coste para que cada aragonés reciba los servicios y atención a los que tiene derecho, para que nuestra autonomía alcance a poner en marcha las medidas e inversiones que demandan y necesitan los ciudadanos. De hecho, incluso la propia lucha contra la despoblación reclama una importante cuota presupuestaria que otras comunidades pueden evitarse.
Por ello, el Estatuto de Autonomía cita expresamente esa realidad demográfica y geográfica en su artículo 107 y dice que será un factor -y no es el único- para «determinar la financiación que dentro del sistema corresponde a la Comunidad». El Estatuto es Ley (y es Ley Orgánica, que forma parte del cuerpo constitucional) y tiene que cumplirse. Aragón y los aragoneses son titulares de ese derecho.
En suma, son muchos motivos para estar activos y resueltos sobre este tema. El PAR no va a renunciar, ni pasará por alto o dejará para mañana la trascendencia de que la financiación de Aragón, que ahora es insuficiente e injusta, responda a nuestra situación y a nuestras legítimas aspiraciones comunes. Esta misma semana, las Cortes han respaldado por unanimidad una iniciativa del Partido Aragonés para «defender en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Aragón, incluida la adecuada ponderación de la estructura territorial y poblacional, especialmente, el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales». No obviamos ni la solidaridad ni la colaboración ante los problemas de las cuentas públicas, pero pedimos a todos esa misma actitud y demandamos lo que es justo para nuestra tierra y nuestros conciudadanos.
Hace falta que los aragoneses estemos unidos y decididos en esta tarea, con tesón. Como resumía un eslogan del PAR hace unos años: «Nosotros, sí lo haremos».