A veces el lenguaje político describe realidades complejas con denominaciones breves y efímeras, que resultan una simplificación o que, al revés. hacen fortuna e incorporan otras propuestas y conceptos que acaban por desvirtuarse. Algo de eso está ocurriendo con la despoblación, asunto ubicado en el centro del debate. Se cae en una grave confusión con la demografía sumada a la diversidad de planteamientos, ocurrencias e incluso incomprensión que hacen difícil dar una salida honrada y políticamente decente al problema.
Sobre la justa exigencia de “aquí vivimos y queremos vivir“ de los habitantes del medio rural en comunidades como Aragón, se han celebrado mil encuentros, congresos y reuniones que han llevado al hastío y desconfianza a esos mismos pobladores que observan perplejos cómo muchos se remiten a la “España vaciada” como si esas localidades y comarcas que la componen no tuvieran vida; como si en ellas no viviera nadie.
El Estado promovió la emigración rural produciéndose desatención a quienes permanecieron. Gran parte de Aragón fue víctima de esa planificación. Y la tendencia tuvo tal dimensión hasta los años setenta que los esfuerzos posteriores de las CC. AA. frente a sus efectos, solo han logrado matizarlos. En compensación el Estado debe emprender y fomentar una tarea real para dar la vuelta a una despoblación que equivaldría a desertización, pérdida y desaprovechamiento de recursos, actividad económica, desaparición de identidad, cultura, paisaje, patrimonio… y la culminación de una injusticia colectiva contra quienes allí vivieron y viven. Vamos, un desastre gravísimo e injustificable.
¿Cómo hacerlo? En lugar del abstracto “problema de la despoblación”, deben resolverse “los problemas de la población’ mejorando los servicios esenciales y apoyando a los sectores que determinan la calidad de vida, el sustento, el empleo y la igualdad de oportunidades en el medio rural. Se trata de que la gente no se marche aborrecida o desesperanzada; de conseguir la cobertura de necesidades y expectativas de futuro para poder enraizarse al territorio y vivir en él.
Por eso importa tanto la financiación autonómica ahora en discusión. Las comunidades despobladas, y Aragón entre ellas, reclamamos el coste real de los servicios para que la salud, la educación, la acción social, la atención a los mayores, la vivienda…. que son responsabilidades autonómicas, puedan adecuarse a las condiciones especiales y permitan sostener el gasto que se desprende de la dispersión de núcleos habitados, de las distancias y el envejecimiento. No es lo mismo Madrid que Aragón donde, además, tenemos constatada y sin satisfacer una deuda histórica del Estado. Las razones en nuestra exigencia son firmes y reales. ¿Por qué si no el Estatuto de Autonomía incluye la bilateralidad respecto a la financiación? Reivindicamos como PAR esta posibilidad que tenemos.
En paralelo los fondos y medidas del Estado, que tiene esa responsabilidad, para respaldar el potencial del medio rural. Desde muchas percepciones urbanas se ha redescubierto las posibilidades intransferibles de nuestros pueblos. La cohesión territorial y social de Aragón y España requiere que se utilice esa propulsión.
En Aragón hemos impulsado la comarcalización, que también demanda persistencia. El autogobierno o la financiación estatal de las entidades locales y nuestros valiosos ayuntamientos son otros capítulos para abrir. Hay que poner en valor la gran utilidad del PAR desde el momento mismo de su concepción; entre otras muchísimas cosas reseñables, constatables y plausibles que no voy a enumerar porque la lista es grande, destaco el compromiso de mi partido, que impregna su ADN, con el medio rural y la lucha contra la despoblación sin intermitencias, desde los gobiernos en los que hemos participado y desde todos los ámbitos en los que hemos estado representados desde la oposición.
Como Partido Aragonés demandamos que la batalla de España contra la despoblación -los problemas de la población- tiene que poner por delante a las personas; apostar por la justicia social y territorial, la igualdad y el porvenir de Aragón y otras comunidades aplicando la voluntad política que proclaman los servidores públicos. El asunto es tan determinante y urgente que no puede quedarse en simples intenciones sustentadas en intereses partidistas y/o partidarios. Es necesario avanzar con determinación y actuar en la línea que marca el sentido común.
(Artículo publicado en Heraldo de Aragón, el 7 de diciembre de 2021)