El pleno ordinario de la Diputación Provincial de Teruel, presidida por el aragonesista Ramón Millán, celebrado este martes, ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en demanda de las inversiones necesarias para hacer realidad y operativo y competitivo el eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo. El pleno ordinario de la Diputación Provincial de Teruel, celebrado este martes, ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en demanda de las inversiones necesarias para hacer realidad y operativo y competitivo el eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
«La Diputación Provincial de Teruel, -argumenta la declaración que han apoyado todos los grupos con representación- ante la necesidad de tener un ferrocarril de calidad que articule el territorio de la Provincia de Teruel y de Aragón en general, manifiesta su apoyo a la exigencia de la sociedad de un ferrocarril del siglo XXI».
En este sentido el pleno ha aprobado «exigir inversiones en el eje Cantábrico-Mediterráneo, incluida la vertiente pirenaica, con el objetivo de convertirse en una vía de velocidad alta y tráfico mixto mercancías y pasajeros» e «instando a la realización de las inversiones inmediatas que sean precisas para mejorar la línea y darle una situación digna. Estas inversiones deben priorizarse con urgencia en los tramos Teruel a Zaragoza y Teruel a Sagunto mejorando la plataforma ferroviaria y su electrificación».
Esta declaración será trasladada al Gobierno de Aragón, al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y al Ministerio de Fomento
Nuevo diputado provincial
Previamente a la aprobación de esta declaración institucional, ha tenido lugar la toma de posesión como nuevo diputado provincial por el Partido Popular de José Herrero que pasa a formar parte de la Institución provincial tras la renuncia presentada por Carmen Pobo.
Herrero ha manifestado su «enorme gratitud por poder trabajar por todos los turolenses» y ha asegurado que «va a desempeñar esa labor intensamente para estar a la altura de lo que todos los ciudadanos de la provincia demandan de un cargo público». Asimismo, ha expresado «su ilusión por la responsabilidad que asume» y ha afirmado que «va a ejercer el cargo con el claro objetivo de atender todas las demandas de los turolenses para
mejorar su calidad de vida y favorecer que puedan desarrollar su vida en sus municipios en las mejores condiciones posibles».
Herrero pasa a asumir las delegaciones del Servicio para la Tercera Edad, Termalismo y Teleasistencia así como la de Programas Europeos y la de Juventud y Deportes.
José Herrero Palomar, nacido en Teruel, tras cursar sus estudios primarios en el Colegio Público de Alba, incluido en el C.R.A: «Alto Jiloca», y los secundarios en el I.E.S. Santa Emerenciana de Teruel, siguió su formación como técnico superior en automoción. Su desempeño profesional ha estado casi siempre vinculado al transporte.
A su vez, es alcalde de Alba desde el año 2007 y ha ejercido como consejero de la Comarca Comunidad de Teruel del 2009 hasta el 2015, cargos que ha compatibilizado con su trabajo y con sus estudios de Psicología en la Universidad a Distancia. Está casado y es un gran aficionado a viajar y la caza.
Decreto Aragonés de Vivienda
De igual modo, el pleno ha abordado la problemática existente por la demanda de viviendas sociales. Se trata de un propuesta presentada por el grupo Ganar que han apoyado el resto de los grupos políticos con representación en la Corporación provincial según la cual, se «exige al Gobierno de Aragón a que elabore un Decreto Aragonés de Vivienda que contenga una moratoria de desahucios (hipotecarios, de alquiler o sin contrato) para deudores de buena fe por causas sobrevenidas y familias en exclusión social; con entidad financiera, sociedad inmobiliaria o entidad pública».
Ese decreto debe, a instancias de DPT, abordar los «realojos obligatorios de familias deudoras de buena fe por causas sobrevenidas y familias en exclusión social; en aquellos casos en los que el abandono de la vivienda debe producirse para evitar perjuicios a terceras personas -como en los casos de alquiler particular- o en los que sea aconsejable por la precariedad del inmueble y/o la existencia de motivos administrativos» y «dotarse el Gobierno de Aragón con carácter urgente de 5.000 viviendas de alquiler público a precios asequibles mediante acuerdo o convenio inmediato con la SAREB y las entidades financieras»
Por último se insta a la «subrogación de hipotecas de viviendas habituales de deudores de buena fe en peligro de desahucio realizando un mapeo de todas las viviendas de titularidad pública vacías en la comunidad autónoma para su inclusión en el Parque Público y su rehabilitación de ser necesario así como la elaboración de programas de adquisición de inmuebles».