La DPT ha aprobado una declaración institucional, que partió del PAR en Teruel, para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas flexibilice la regla de gasto incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de que los ayuntamientos y diputaciones solventes económicamente puedan dedicar el superávit a las inversiones que decidan con libertad o bien a contratar personal. Teruel- La Diputación Provincial de Teruel aprobó ayer una declaración institucional, que partió del grupo del Partido Aragonés en la institución turolense, para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas flexibilice la regla de gasto incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de que los ayuntamientos y diputaciones solventes económicamente puedan dedicar el superávit a las inversiones que decidan con libertad o bien a contratar personal.
En la declaración se insta también al Ministerio a consensuar con la Federación Española de Municipios y Provincias una modificación de la llamada regla de gasto que es la que determina el techo de gasto de cada administración local, con la idea de que compute sobre el presupuesto inicial y no sobre el presupuesto liquidado.
De esta forma se pide «flexibilizar» su aplicación en la idea de actualizar el importe de las tasas de referencia que se toman para su cálculo o el propio limite de gasto no financiero para que se tenga en cuenta la solvencia económica y la capacidad de generar ingresos con carácter permanente, por cuanto que el año de referencia del que se partió presentaba unas cifras extraordinariamente bajas.
El presidente de la Diputación y secretario general del Partido Aragonés en la provincia comentó que «no tiene mucho sentido tener remanentes de tesorería por haber gestionado correctamente los fondos públicos, y no poder destinarlos a cubrir las necesidades de los municipios, no tiene sentido».
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) fija tres reglas fiscales de obligado cumplimiento a las administraciones locales: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. Esta última se aplica desde 2013 situándose al mismo nivel que las otras dos en cuanto a la obligatoriedad de su aplicación y las consecuencias de su incumplimiento.
Con esta propuesta el Partido Aragonés buscaba que las administraciones que cumplan con la estabilidad presupuestaria como es el caso de la Diputación de Teruel y muchos ayuntamientos de la provincia, puedan dedicar parte de su superávit a realizar inversiones que repercutan en beneficio de sus respectivos municipios y que hoy es imposible aplicando los criterios que se referencian en la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad, un objetivo que reconocieron indispensable todos los grupos con representación en la diputación turolense y que por consiguiente lograron aprobar por unanimidad convirtiendo así la propuesta «parista» en una declaración institucional.
El máximo dirigente del grupo del PAR en la DPT aseguró además que «en la práctica, la regla de gasto supone un freno a la hora de tener disponibilidad y autonomía económica para que ayuntamientos y diputaciones puedan presupuestar gastos, atender servicios con necesidades especiales o demandas de los vecinos a pesar de haber demostrado su solvencia económica desembocando así en un recorte de competencias y una reducción del margen de maniobra.
La regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria Que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, a medio plazo, el crecimiento del gasto de las Administraciones Públicas viene limitado por la capacidad de financiarlo con
ingresos estables y sostenidos en el tiempo, y siempre teniendo en cuenta el presupuesto liquidado no el inicial.
Además, Millán matizó que el objetivo final de esta propuesta es modificar o suavizar los criterios que fijan la regla de gasto para las administraciones que «sí cumplen» y potenciar de esta manera, los servicios que se prestan a los ciudadanos desde las instituciones más cercanas. «No se trata de derogar una ley que entendemos debe cumplirse para no caer en errores del pasado sino en que no se trate de igual modo a las administraciones que cumplen sus obligaciones económicas que a las que no lo hacen», ha concluido Millán.
En la propuesta se insta también al Gobierno central a comunicar a la mayor celeridad posible la información que precisen la diputaciones y ayuntamientos para la elaboración de sus presupuestos del año 2017, en particular la estimación de las cuantías correspondientes a las entregas a cuenta por la participación en tributos del Estado y cesión de los impuestos, así como la variación del gasto computable y objeto de deuda pública, en base a la información actualmente disponible sobre estimaciones de recaudación, además de las cuantías correspondientes por la liquidación del año 2015.
Estos acuerdos serán remitidos al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas del Gobierno de España, a la FEMP, a los grupos políticos en el Congreso, Senado y Cortes de Aragón así como a todos los municipios y comarcas de la provincia de Teruel.