Los sistemas electorales mayoritarios priman la gobernabilidad y la estabilidad sobre el criterio de representación. El que gana el proceso electoral lo gana todo, dejando la representación de las minorías como un efecto colateral del hecho electoral. Los constituyentes españoles entendieron que en los parlamentos y en las Cortes deberían estar representados todos los ciudadanos en la medida de lo posible aunque eso supusiera que la estabilidad y la gobernabilidad tendrían que alcanzarse de otra manera, mediante los pactos que conformasen mayorías parlamentarias estables a posteriori.
Aragón, cuya ley electoral corrige el reparto de escaños por circunscripción haciendo aún más representativas las Cortes para que reflejen la realidad social, es buena prueba de ello.
La ausencia de mayorías absolutas en los procesos electorales ha obligado a una negociación continua entre las fuerzas políticas a fin de alcanzar una deseable gobernabilidad y estabilidad. El Partido Aragonés ha sido a lo largo de la reciente historia de Aragón el elemento catalizador de esa estabilidad, sirviendo como socio leal a los aragoneses mediante pactos equilibrados facilitando la acción de gobierno y por ende la estabilidad y la seguridad jurídica.
Conscientes del significado de pactar, que a la postre es ceder en aras de unos bienes superiores, uno se deja atrás ciertos aspectos programáticos sin renunciar a su esencia y va eliminando obstáculos que faciliten el acuerdo con el socio. Eso era lo que esperábamos todos de los acuerdos de julio 2015 y de septiembre 2016 entre PSOE, Chunta, IU y Podemos. Con todo, el bloqueo actual genera no solo sorpresa sino cierta frustración en la sociedad aragonesa. Las consecuencias son evidentes. Los efectos perniciosos que provoca, más que contrastados aunque se vayan poniendo parches con la prórroga Presupuestaria que, a modo de cataplasmas, alivian la desazón pero no resuelven el problema.
Estabilidad y gobernabilidad son sinónimos de certeza y de seguridad jurídica esencial a la hora de conducirse los ciudadanos y las empresas en su quehacer diario. Cuando la seguridad jurídica en un Estado de Derecho está ausente, los ciudadanos se mueven en la incertidumbre y las empresas vacilan a la hora de conducirse en uno u otro sentido temerosos, ambos, de unas consecuencias para sus actos totalmente imprevisibles.
El PAR, durante las muchas legislaturas en las que hemos suscrito pactos con otras formaciones políticas, ha hecho siempre de la lealtad a lo pactado un bien en sí mismo. Irrenunciable. Indudablemente hubo fricciones y desencuentros, pero teníamos claro que el objetivo máximo era el bienestar y la seguridad de los aragoneses. Ambas partes supimos ceder en cada momento político y ahormar nuestras inquietudes a la estabilidad.
La fortaleza de la democracia se encuentra en la estabilidad, en el mundo de las certezas. Ni en julio de 2015 ni ahora compartimos el pacto suscrito por las fuerzas de la izquierda. No lo apoyamos porque entendimos que no era beneficioso para el conjunto de los aragoneses y porque dejaba de lado a más de la mitad de un electorado que no había suscrito políticas de izquierdas.
La situación actual de bloqueo institucional perjudica a todos los aragoneses de cualquier color político y ralentiza el tren del progreso económico y bienestar respecto a nuestros vecinos del resto de España.
Sirva, por tanto, esta apelación a la lealtad y a la responsabilidad, como un llamamiento a fortalecer a Aragón anteponiendo el interés general a las estrategias partidistas surgidas de los diseños de los tableros de la lucha por el poder. Es tiempo de ponerse a trabajar y también de evitar endosarle a la sociedad aragonesa unas consecuencias de decisiones a las que es ajena y que no fueron objeto, en ningún caso, del mandato electoral de los aragoneses.