Es pronto para sacar conclusiones y mucho menos definitivas, pero sí hay cosas que despuntan de la situación, que aún estamos viviendo y sobre las que deberíamos reflexionar de forma urgente.
El Estado ha funcionado. Había mecanismos constitucionales suficientes para paralizar el secesionismo. Para detenerlo en seco. Ello tenía costes de imagen, y por ende de políticos con peso. De ahí el acierto del Gobierno de España al querer ir acompañado en esta situación del principal partido de la oposición, el PSOE.
También nos ha enseñado que la acción política requiere serenidad, más que vísceras. Pero que el pueblo español existe, más allá de la defensa que desde los partidos autonomistas hacemos del interés general de nuestra tierra, y que somos parte indivisible del mismo. Se puede y debemos defender a Aragón, defendiendo a España y su unidad.
Esa posición es precisamente la que nos da la legitimidad para exigir al Gobierno de la nación un trato justo y de igualdad, como al resto de los territorios, ni más ni menos. Desde el aragonesismo no jugamos al chantaje al Estado, simplemente somos la voz, siempre leal, que enarbola y recuerda los derechos de los aragoneses. Voz no siempre correspondida, pero que quiere seguir siendo firme.
Otra lección de la crisis es la necesidad de insistir en la independencia del Poder Judicial. De retomar la propuesta que llevábamos en el programa de 2015 de retornar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial de antes de 1982. Solo desde esa independencia, se entiende el ejercicio cabal que los magistrados están realizando en esta crisis. La juez Lamela primero, con una firmeza digna de encomio. No faltaron voces que la quisieron asociar con el partido del Gobierno cuando de ella no se conocen – pese a los muchos años de carrera judicial – acciones vinculadas a algún partido. Y si en algún momento estuvo ligada a algún ejecutivo, lo fue en un puesto técnico en el Ministerio de Justicia en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin estridencias, sin aspaviento alguno y guiándose por criterios exclusivamente técnicos ha cedido la causa al Tribunal Supremo para que continúe su camino judicial. Solo desde la más absoluta separación de poderes pueden los jueces ser garantes de la legalidad. Esa separación es la que permite que no sean cuestionados en sus decisiones, vinculándoles a la acción partidista. Separación que debe tener su contrapartida en no permitir la entrada y retorno de los jueces en la vida política.
Es justo rendir homenaje a José Manuel Maza y destacar el acierto en su elección como Fiscal General del Estado. Su formación como juez y su sentido de la responsabilidad, han sido decisivas en la adopción de las medidas necesarias para impedir el desatino de unos descerebrados que han querido ponernos a todos, y especialmente a sus representados los catalanes, al borde de un abismo de consecuencias imprevisibles. Vaya para él mi reconocimiento y gratitud, y mis mejores deseos para su sucesor en su próximo y aún difícil desempeño.
Es preciso revisar y reforzar el papel del Tribunal Constitucional buscando, también en él, el mayor grado de independencia posible que impida que se vinculen sus decisiones a los intereses de parte.
Aragón y los aragoneses somos Estado. Esa es la gran lección de una crisis que aún ha de enseñarnos más. Solo desde la sincera lealtad se puede defender a Aragón y los aragoneses. Esa ha sido y es una de las características que junto con la nobleza han definido siempre a los habitantes de esta tierra.
Desde el Partido Aragonés haremos siempre una política constructiva. Ya sea en el Gobierno o en la oposición. Donde decidan los aragoneses que está nuestro sitio. Esas son las razones que nos han llevado a firmar acuerdos y pactos no siempre bien entendidos. Pero facilitar la gobernabilidad debemos entenderlo no como una prerrogativa de los partidos sino como lo que es: un ejercicio de responsabilidad política, una vez que los ciudadanos deciden quienes quieren al frente del Gobierno y qué modelo desean.
Nosotros hemos aportado y aportaremos, en cualquier caso, la defensa de los intereses de Aragón y la moderación a la que nos obliga nuestra posición en el centro de tablero político.