Tal como dice el Estatuto de Autonomía, «las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento». Son un rasgo de nuestra identidad y son también esencia de un sentimiento individual, familiar y colectivo. No es una mera cuestión lingüística o filológica.
Por todo ello, regular el régimen jurídico para esas lenguas y modalidades aragonesas debe tener como condiciones y fines principales respetar la voluntad y los derechos de utilización de los hablantes en las zonas de uso predominante, favorecer su uso en las administraciones de esos territorios, promover su protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión (art. 5.2 del Estatuto).
Bajo esas premisas y criterios, supone una decisión política (adoptada este jueves en las Cortes) y una tarea pendiente (a realizar con determinación) que hemos apoyado en positivo, defendiendo la diversidad de las lenguas aragonesas, del Alto Aragón y del Aragón Oriental, sin la denominación equivalente a uniformidad de la norma anterior que ya rechazamos en su momento y reclamando, más allá de los infundados intentos ajenos por desacreditar la nueva Ley, respeto a las decisiones de Aragón, a los aragoneses y a nuestras convicciones en este asunto, que son fruto del aragonesismo que ejercemos.