José María Fuster, Rosa Santos y Belén Ibarz votan hoy en el Senado en contra del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial al entender que no ofrece respuestas a las necesidades reales de reforma y planificación para resolver los actuales problemas de la justicia. Los tres senadores del Partido Aragonés en la Cámara Alta, José María Fuster, Rosa Santos y Belén Ibarz, votan hoy en el pleno del Senado en contra del Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Los senadores aragonesistas consideran que «no da respuesta a las necesidades de reforma y planificación modernizadora que el Partido Aragonés valora necesarias para resolver los actuales problemas de la Justicia ni afronta ni da solución al problema de la «escasez de medios personales y materiales».
Recuerdan que el PAR en su programa electoral incluye promover e impulsar desde las Cortes de Aragón, una iniciativa legislativa que reforme la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, restaurando el sistema de elección de los miembros del Consejo General de la Institución a la situación anterior a la ley de 1985 de modo que sean» los jueces y no los partidos», los encargados de elegir a los integrantes de los órganos de gobierno de la institución, y reiteran que debe «despolitizarse el poder judicial para garantizar la división de poderes y los principios esenciales de la democracia».
Sin consenso de asociaciones de jueces, jueces decanos y secretarios judiciales
Los senadores subrayan que el proyecto de reforma que se vota en el Senado constituye un simple «conglomerado» de medidas «aisladas» y «sin incidencia alguna» en el cambio de modelo organizativo que la justicia necesita «que no justifica una nueva reforma de la LOPJ en las postrimerías de la legislatura máxime sin el consenso, entre otros, de las asociaciones de jueces, jueces decanos y secretarios judiciales» y, además, vulnera el derecho constitucionalmente protegido al juez predeterminado por la ley y ahonda en la politización de la Justicia en la medida que permite la intromisión de un órgano jurisdiccional nombrado discrecionalmente por el CGPJ en el trabajo de las Salas o Secciones. También permite la atribución a un juzgado de competencias ajenas a ese partido judicial con los «graves problemas de prestación de servicios a los ciudadanos que ello puede aparejar en Aragón debido a la gran dispersión territorial y a la extensión geográfica que tenemos». De la misma manera » elude el desarrollo de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Aragón en los artículos 63 y 64 tanto en cuanto al desarrollo de las funciones previstas para el Tribunal Superior de Justicia de Aragón como en cuanto al desarrollo del Consejo de Justicia de Aragón»
En España tenemos la mitad de jueces de la ratio europea
Los senadores del Partido Aragonés recuerdan que en España tenemos la mitad de jueces de la ratio Europea, asunto que «se ha agravado» por la práctica «congelación de las oposiciones durante los últimos años y la supresión de facto de 1200 jueces interinos que realizaban funciones de refuerzo y sustitución, lo que ha conllevado un retraso en los señalamientos en toda España en perjuicio del ciudadano».
Desde el año 2000, señala el PAR, los asuntos en el orden civil, social y contencioso-administrativo han aumentado un 120% como media y el número de jueces tan sólo en un 25%.